El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, aseguró que las reformas constitucionales propuestas por el presidente, Enrique Peña Nieto, son para bien de todos los ciudadanos, incluyendo los maestros.

El funcionario federal y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, encabezaron el Foro Estatal de consultas del Plan Nacional de Desarrollo, en Boca del Río.

En el evento, cinco organizaciones civiles entregaron al secretario propuestas en los ejes de paz, de inclusión, prosperidad, responsabilidad global y educación.

En su discurso, Chuayffet afirmó que las propuestas de Veracruz ayudarán a cumplir las cinco metas propuestas por el gobierno de Peña Nieto.

Recordó que el Ejecutivo Nacional propuso el 28 febrero el proceso de consulta del Plan Nacional de Desarrollo con el compromiso de tomar en cuenta todas las opiniones ciudadanas.

El Universal

A diez meses de ser detenido en Estados Unidos José Treviño, hermano mayor de dos de los líderes del cártel de "Los Zetas" finalmente se presentará en un tribunal en Austin ante un jurado el próximo lunes 15 de Abril, después de que el juez de Distrito Sam Sparks negó posponer más el juicio.

Acusado de lavar dinero para la organización de los Zetas, José Treviño enfrentará un juicio que durará semanas, mientras que su abogado mantendrá la hipótesis de que el único delito de José es ser hermano de los Treviño y mientras que la fiscalía se enfocará a las pruebas por lavado.

El juicio había sido pospuesto en Octubre, y en Marzo como resultado de la petición de por lo menos nueve de los detenidos que tienen audiencias en otros casos y sus abogados requerían tiempo para conocer el contenido del voluminoso expediente del caso.

En el caso de Treviño se integraron grabaciones realizadas por agencias de la ley que permitieron establecer conexiones entre los implicados en el esquema que lavó más de 20 millones de dólares, y hasta ahora se han entregado a su defensa transcripciones de español a inglés de cientos de transcripciones, de acuerdo cob fiscales consultados.

El gobierno de Estados Unidos detuvo a José Treviño Morales y lo acusó junto con otros dos de sus hermanos, incluyendo a Miguel Angel alias "Z-40" uno de los líderes del cartel de "Los Zetas", de lavar dinero proveniente de ganancias del narcotráfico a través de un esquema que incluía las carreras de caballos, señala la denuncia penal que presentó ante el Distrito Oeste de Texas, División Austin.

En la acusación penal número A12CR 210 SS presentada el pasado 30 de Mayo a las 3:41 de la tarde, y cuya copia tiene "El Universal", el fiscal de distrito acusó de lavado a 14 personas, todos miembros o asociados relacionados con "Los Zetas", entre ellos los hermanos Miguel Angel, alias Z-40, segundo en la jerarquía de ese cartel; Oscar Omar alias "el 42" y José Treviño Morales así como la esposa de éste último Zulema Treviño.

"Miguel y Oscar Treviño Morales dirigían porciones de dinero en efectivo derivados de la venta de la droga a su hermano José Treviño Morales y su esposa Zulema Treviño para la compra, entrenamiento, crianza y las carreras de caballos de un cuarto en los Estados Unidos", refiere la acusación.

"La red de lavado de dinero de esta conspiración alcanzó desde la frontera Estados Unidos-México hasta diversas locaciones en y cerca de Austin, Texas y mucho más", señala la acusación presentada que refiere que todo empezó en el 2008.

Adicionalmente en la denuncia penal se ordenó la confiscación de las propiedades de la pareja Treviño incluyendo su empresa "Tremor Enterprises" a través de la cual operaban su participación en las carreras; y también se les aseguraron cinco caballos de cuarto de milla, incluyendo "Mr Piloto" ganador de un millón de dólares en la carrera "All American Futurity" en el Hipodromo Ruidoso Downs de Nuevo México.

"Zulema Treviño era responsable de las cuentas financieras de varias entidades controladas por ella y José Treviño Morales y de la administración de las operaciones de la organización en Lexington, Oklahoma", destaca la acusación penal.

José Treviño es un ciudadano estadounidense, y ha permanecido en custodia cerca de Austin en Texas desde que fue detenido en Oklahoma el año pasado, y su abogado ha insistido en que la fiscalía no ha mostrado toda la evidencia, pero los abogados del gobierno aseguran que será presentada durante el juicio.

El Universal

Reconocer a las instituciones gubernamentales que trabajan para defender la libertad de expresión y de prensa, es parte central de la nueva relación entre sociedad, medios de co municación y gobierno, que permitirá contar con las condiciones adecuadas para sacar adelante a México.

El pasado dos de abril, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C., (AME), otorgó un reconocimiento, al doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del estado de Ve-racruz, por impulsar y crear, junto con el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Vera- cruz, así como relanzar el Colegio de Periodistas; ambas propuestas ya son una realidad con un presupuesto y un gobierno autónomo e independiente.

La AME participó en este evento, esperando que el ejemplo de Veracruz, pueda ser imitado por otras entidades federativas de nuestro país, con el firme propósito de que se traduzca, de las palabras a los hechos, la defensa constante de los periodistas y medios impre- sos en todo el territorio nacional.

El hecho causó algunas críticas mal intencionadas por parte de organismos no gubernamentales y de medios impresos y electró- nicos, que se caracterizan por estar en contra de todo y a favor de nada, al considerar que no se debe reconocer el trabajo de las auto- ridades, hagan lo que hagan, a favor de la prensa y de la libertad de expresión.

Se les olvida a estas organizaciones que protestan todo, que a través de diversos comunicados, la Asociación Mexicana de Edito- res de Periódicos, ha lamentado y reprobado los actos violentos que han ocurrido en contra de periodistas y de medios de comunicación en toda la República, solicitando a las autoridades del Gobierno de la República, de los Gobiernos Estatales y Municipales, que actúen con firmeza para investigar, resolver y castigar a quienes han hecho uso de la violencia, para tratar de coartar la libertad de expresión y de prensa en el país.

También desconocen estos gratuitos detractores que la AME su- girió, mediante encuentros ante senadores y diputados, la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones con- tra periodistas a nivel nacional y medios de comunicación, que se instaló en el Senado de la República y que ya está operando, al igual que en la Procuraduría General de la República, donde se creó una fiscalía especial para atender a los crímenes y atentados contra periodistas.

Como parte de una sociedad democrática y plural, los integrantes de la AME saben que se deben respetar todas las posturas de la sociedad, de los medios de comunicación y de los periodistas, porque solo escuchando a las diversas voces que forman parte del quehacer periodístico nacional, podremos impulsar leyes y acciones que garanticen la libre expresión y una prensa responsable, que mantenga debidamente informada a la ciudadanía.

El propósito de los reconocimientos de la AME, que han sido entregados con anterioridad a otros Gobernadores de diversos Estados de la República, es que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, puedan cumplir con su trabajo de mantener al país con las mínimas condiciones para ejercer un periodismo comprometido y responsable con el bien de México.

Es absurdo afirmar que por el hecho de que un Estado determinado de la República, ocurren atentados o hechos violentos contra periodistas o medios de comunicación, éstos deban ser imputados a las autoridades de dichas entidades, y en forma automática el crimen organizado que es el verdadero causante del clima de zozobra e intranquilidad que vive nuestra Patria, le endosa a las autoridades Estatales o Municipales, la responsabilidad por acción u omisión de sus actos violetos y de sus agresiones a la libertad de expresión. La AME hace un llamado a la concordia, al orden al respeto de la ley y a la conciliación nacional. Pide a todos los actores de la prensa, la radio y la televisión que con- tinuemos en nuestra lucha a favor de la paz pública, orden, respeto y el cumplimiento de la ley en todos los aspectos y que regrese a nuestra patria, la paz y la concordia que tanto anhelamos todos los mexicanos.

El pleno del Senado aprobó por unanimidad reformas para proteger la labor de periodistas, pero quedó pendiente la creación de una fiscalía especial para atender delitos contra reporteros

La minuta, que fue enviada a la Cámara de Diputados, deja pendiente la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Agresiones a Periodistas, que tendría rango de ley, autonomía plena de gestión y capacidad financiera y de investigación, hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) no concluya su reorganización interna.

Según el dictamen aprobado, se le deja esta facultad al titular del Ejecutivo o a la propia PGR para que en un plazo de 180 días, después de aprobada la ley, para que a su decisión se cree esta instancia o se faculte a otra unidad administrativa estas funciones.

Los presidentes de las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, el panista Roberto Gil y la perredista Angélica de la Peña, respectivamente, celebraron el dictamen y precisaron que la creación de una fiscalía no desaparece, más bien, se faculta a la PGR para su creación, mientras tanto, la actual fiscalía asumiría sus funciones.

El senador del Partido del trabajo (PT), Marco Antonio Blásquez, hizo una "reserva moral" porque consideró el dictamen "incompleto" debido a que se eliminó la figura de la fiscalía e invitó a la PGR y al titular del Ejecutivo para que pasando los 180 días se contemple la existencia de la Fiscalía Especial o se defina qué instancia administrativa investigará los delitos de los periodistas.

Atracción

El dictamen que contempla modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la PGR, así como el Código Penal Federal establece que el MP Federal tendrá -por sí mismo- la facultad de atraer el caso o cuando la víctima o medio de comunicación lo soliciten.

Además, cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de limitar la libertad de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito.

También, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia".

Protegen integridad

Las agresiones contra periodistas no se federalizan, más bien, la Federación las atraerá también cuando la vida o la integridad física de cualquier víctima se encuentren en riesgo real o cuando los hechos impacten en el ejercicio al derecho a la información.

El Ministerio Público de la Federación deberá determinar el ejercicio de la facultad de atracción dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud.

Además, cuando a la víctima se le niegue el ejercicio de la facultad de atracción podrá interponer, ante el procurador General de la República un recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha que se le hubiera notificado. La autoridad a su vez deberá responder en menos de 48 horas.

En todos los casos que el MP Federal atraiga el caso, deberá agotar las diversas líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho a la información o de las libertades de expresión.

El Universal

Informan que la Procuraduría se encuentra trabajando con otras instituciones del gobierno federal para culminar la elaboración de los proyectos.

El gobierno federal alista los proyectos de Código Único de Procedimientos Penales y de la Ley Penal General que se pondrán a consideración del Congreso de la Unión y que establecerán los principios y lineamientos generales que deberán contener los códigos penales de todos los estados del país.

Mariana Benítez Tiburcio, titular de la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que la dependencia se encuentra trabajando en forma conjunta con otras instituciones del gobierno federal y la propia sociedad civil a fin de culminar los trabajos de elaboración de los referidos proyectos.

La funcionaria destacó que "nuestro país requiere de un modelo de justicia penal que sea acorde con su realidad jurídica y que responda a las necesidades del Estado mexicano para enfrentar la violencia e impunidad en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos".

Así lo indicó al participar en la Mesa de Trabajo Sectorial Eficacia en la Investigación y acceso a la justicia dentro del nuevo sistema: Investigación científica, mecanismos alternativos y juicio, celebrada en Durango y que forma parte del proceso de consulta que realiza el gobierno federal en el marco de las consultas ciudadanas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Eje 1 "México en Paz".

Respecto a la Ley Penal General, señaló que la misma "establecerá las bases mínimas, los principios y lineamientos generales que deberán contener los códigos penales de todas las entidades federativas, a fin de permitir que sean los estados quienes realicen los ajustes a su propia legislación penal".

Ambos ordenamientos, afirmó, "generarán un sistema de justicia accesible, eficaz y con reglas homogéneas en todo el país lo que redundará en una mayor certeza y seguridad jurídica para la sociedad".

Comisiones del Senado eliminaron la propuesta de crear una fiscalía especial para atender delitos contra periodistas -con rango de ley, autonomía plena de gestión y capacidad financiera- que estaba incluida en el dictamen sobre reformas secundarias para proteger la labor de trabajadores de medios de comunicación

Esa fiscalía especial -prevista en los primeros proyectos de dictamen de las comisiones- tenía la facultad de investigar los delitos contra periodistas y fue rasurada a petición de la bancada del PRI, con el argumento de dejar que la Procuraduría General de la República (PGR) concluya con su reorganización interna.

El dictamen establece que el MP tendrá -por sí mismo- la facultad de atraer el caso cuando haya omisión de las autoridades locales o cuando participen servidores públicos a nivel estatal o municipal, o cuando la víctima o medio de comunicación lo soliciten.

Se prevé que este jueves sea aprobado el paquete de reformas secundarias al Código Federal de Procedimientos Penales, las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la PGR, así como el Código Penal Federal.

En este último, se establece que cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista o instalación con la intención de limitar la libertad de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito o se incremente hasta en 50% cuando el agravio sea cometido por algún servidor público.

Al dictamen finalmente también se le retiró la posibilidad de crear Fiscalías Especiales a nivel estatal: "En la iniciativa que circuló inicialmente se preveía la creación en ley de la Fiscalía Especializada; sin embargo, por una solicitud y propuesta que hizo la bancada del PRI se sustituyó por un transitorio".

De aprobarse este dictamen, el cual aún debe pasar por la Cámara de Diputados, se establece que un plazo de 180 días naturales el Ejecutivo federal deberá expedir las adecuaciones al Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, a efecto de crear una unidad administrativa que conozca de los delitos federales cometidos contra algún periodista, persona o instalación que atenten contra el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En tanto se expiden las adecuaciones en la PGR, la actual Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ejercerá las atribuciones establecidas en el presente decreto.

El predictamen tenía la intención de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Agresiones a Periodistas tuviera rango de ley, autonomía plena de gestión y capacidad financiera para desarrollar adecuadamente su función.

Además, anteriormente se abría la posibilidad de crear Fiscalías Especializadas a nivel estatal para que coadyuvaran o se coordinaran con las investigaciones.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, explicó que es necesario dejar que la PGR termine la reorganización de funciones que tiene y que seguirá teniendo, "es pertinente que les demos esa oportunidad".

Atracción MP federal

Los casos de delitos presumiblemente dolosos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión, el Ministerio Público ejercerá su facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.

Con esto, las agresiones contra periodistas no se federalizan, más bien la Federación los atraerá cuando existan indicios de participación de algún servidor público, cuando la víctima señale a algún servidor público como responsable o cuando se trate de delitos graves.

También cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real, cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad, cuando los hechos impacten en el ejercicio al derecho a la información, cuando en la entidad existan circunstancias de riesgo para ejercer el derecho a la información o por sentencia de un órgano previsto en cualquier tratado internacional.

El Ministerio Público de la Federación deberá determinar el ejercicio de la facultad de atracción dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud.

Además, cuando a la víctima se le niegue el ejercicio de la facultad de atracción podrá interponer, ante el procurador general de la República un recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha que se le hubiera notificado. La autoridad a su vez deberá responder en menos de 48 horas.

En todos los casos que el MP federal atraiga el caso, deberá agotar las diversas líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho a la información o de las libertades de expresión.

El Universal