Por Eduardo Borunda
La lucha por el poder ha confrontado a las élites políticas incrustadas en el poder público y a los miembros de la oposición política. El gobierno federal a través del poder ejecutivo ha impulsado a través del partido en el poder y su fuerza política que predomina en el Congreso de la Unión junto a sus aliados (partidos) una reforma electoral constitucional, sin embargo, no alcanzaban una mayoría calificada.
En este contexto, el partido en el poder presentó un “Plan B” que consiste en una serie de modificaciones para acotar las funciones de los órganos electorales, entre ellos al Instituto Nacional Electoral (INE), los tribunales electorales federales (TRIFE) que impactan en los órganos electorales estatales conocidos como “OPLES” e incluso a los tribunales locales en materia electoral de las entidades federativas.
Los señalamientos por parte del gobierno federal estimada que serán cerca de 2 mil empleos menos que deberan ser parte de las liquidaciones que se tendrán que hacer por parte de la INE a sus trabajadores, pero además de eso surge una pregunta extraordinaria, ya que en el mes de octubre será necesario volver a contratar personal que realice actividades previas a la jornada electoral. ¿Para que empecinarse en una reforma electoral a meses de iniciar el proceso electoral?
Una de las máximas del poder es el control de los órganos electorales. Esa es la gran apuesta. La reforma propuesta se considera un retroceso en la consolidación democrática, ya que regresar el poder al gobierno de los órganos electorales no garantiza que los votos de los electores sean respetados.
La competencia entre partidos políticos sería, como se prevé, inequitativa, ya que la estructura del poder político en el gobierno estaría al servicio del propio partido en el poder. Hoy la sana distancia que caracterizó el discurso de la entonces oposición se ha vuelto tan tenue que no sabemos a plenitud si los hoy gobernantes gobiernan para todos. En el peor de los casos, se observa que no hay una separación sino hasta una dualidad política perversa donde no se distingue la línea que separa al gobierno y al partido en el poder. Incluso suele confundirse la acción de uno y de otro.
En conclusión, el plan B es una reforma regresiva, antidemocrática e inconstitucional. El voto de los ciudadanos está en riesgo de no respetarse, los partidos de oposición no han podido parar una reforma que tiene vicios de origen y sólo queda que la suprema corte señala la inconstitucionalidad de la misma para parar un acto que nos pudiese llevar a escenarios de ingobernabilidad democrática en los subsecuentes procesos electorales.
