Un juez federal amplió la suspensión concedida a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de manifestar discursos de odio e incitar a la confrontación o ataques contra quienes participen en la marcha en contra de la eliminación de los fideicomisos que se realizará el próximo domingo.
El juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis admitió a trámite la demanda de amparo presentada por el despacho del ministro en retiro, José Ramón Cossío, contra los actos de represión de los que los trabajadores del PJF pueden ser víctimas al momento de ejercer su derecho a manifestarse en contra de la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos de dicho poder.
Proceso informó el miércoles 18 que el amparo tramitado por los colaboradores del ministro en retiro únicamente solicitó protección para los trabajadores que se manifestaron afuera de las instalaciones del PJF en Periférico Sur.
Antes de admitir la demanda, el juez Regis concedió una suspensión de plano que blindaba a estos trabajadores para que las autoridades capitalinas y federales cesen todo acto que tienda a vulnerar su integridad física y para que se les proteja, respete y garantice su derecho humano a manifestarse.
Al ratificar y ampliar la demanda, el despacho Asesores de Reingeniería Constitucional presentaron las firmas de 68 trabajadores del PJF que solicitan el amparo, en el que además le pidieron al juez proteger a toda persona que participe en la marcha del próximo domingo y que prohíba al presidente de la República emitir discursos de odio contra los integrantes de dicho poder.
“SE CONCEDE DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que sin invadir el ámbito de facultades de la autoridad responsable Presidente de la República, se abstenga de realizar expresiones que puedan contener un discurso de odio que incite a generar confrontación, ataque o violencia de cualquier tipo hacia los manifestantes del Poder Judicial de la Federación y acompañantes que asistan a la marcha del veintidós de octubre del año que transcurre”, resolvió el juzgador.
El juez Regis concedió la petición de ampliar la protección de la suspensión de plano para todos los integrantes del PJF y ciudadanía en general que participen en la marcha del 22 de octubre próximo.
“En la inteligencia que la medida cautelar que ahora se otorga, no protege ningún acto de manifestación que se lleve a cabo de manera violenta ni suspende cualquier otro que no sea materia de la demanda de amparo o su ampliación y estará vigente hasta en tanto no se cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte en el presente juicio de amparo”, precisó el juez.
En su ampliación de demanda, los quejosos reclamaron la orden de golpearlos, impedir o reprimirlos violentamente por las protestas en las que han participado y la marcha del 22 de octubre contra la eliminación de 13 fideicomisos del PJF, así como su eventual desaparición.
Añadieron el tormento psicológico derivado de la represión violenta de la que han sido objeto los trabajadores del PJF desde el pasado 17 de octubre en diversos puntos en los que se han manifestado y la infamia de la que han sido objeto por las denostaciones públicas a su trabajo y derechos laborales, por parte del Ejecutivo federal.
En consecuencia, el juez Regis deberá analizar si efectivamente existieron estas conductas por parte de las autoridades capitalinas y federales para determinar si concede o no el amparo a los trabajadores del PJF.
Será hasta el próximo 21 de noviembre que el juez celebre la audiencia constitucional en la que podrá determinar si cuenta con elementos suficientes para dictar su sentencia definitiva.
Proceso
