Por Carlos Angulo Parra
Hemos recientemente oído innumerables ataques respecto al Poder Legislativo, induciendo a la gente de que es bueno que decidan los ciudadanos su integración de forma directas, pero antes, deseo presentar brevemente qué es el Poder Legislativo y sus funciones para que se comprenda el alcance de esto.
El Poder Judicial, conforme a nuestra Constitución, es uno de los tres poderes de la Unión que integran al gobierno. Este se integra por tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, siendo parte del Estado mexicano, compuesto por el pueblo, el territorio y el Estado de Derecho. Este último actúa bajo un sistema de normas sociales de conducta, que, en su conjunto, con las acciones del Poder Judicial, constituyen lo que conocemos como el Estado de Derecho, que sirve de amalgama a los otros tres componentes del Estado (pueblo, territorio y gobierno) en un orden constitucional, para brindarle al pueblo bien común.
El gobierno que se integra por tres poderes es conducido de forma cotidiana, por el Poder Ejecutivo, compuesto por una sola persona, quien es el presidente de la República, auxiliado por su gabinete, integrado por las Secretarías de Estado, por órganos desconcentrados, empresas productivas del Estado y otros organismos auxiliares.
Recientemente, se establecieron en la Constitución, lo que se conocen como los organismos autónomos, que se encargan de tareas sumamente especializadas y que, por conveniencia operativa, se consideró que tuvieren una independencia del Poder Ejecutivo. Estos órganos realizan actividades específicas en rubros en donde puede haber conflictos de intereses si son manejadas sus actividades por el Poder Ejecutivo. Así tenemos al Instituto Nacional Electoral, encargado del manejo y administración del sistema de elecciones del país; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, encargado de hacer pública la información en manos del gobierno y proteger la información personal y privada de los ciudadanos; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encargada de la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales, etc.
El Poder Legislativo, integrado por dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, es el encargado de legislar y vigilar las actividades de los otros dos poderes.
Y el Poder Judicial, cuya misión es interpretar la ley y defender el orden constitucional, así como brindar justicia en la resolución de conflictos entre particulares y entre órganos del Estado y los particulares, funciones esenciales para mantener vigente el Estado de Derecho y la integridad sistémica del Estado mexicano.
Recientemente el Poder Ejecutivo y el Legislativo han entrado en conflicto con el Poder Judicial, a raíz de ataques expresados por el presidente de la República en contra de dicho poder; aduciendo que está integrado por gentes corruptas, conservadoras, que protegen privilegios, que gastan mucho dinero y son enemigas del pueblo.
Ello ocasionó que el presidente haya presentado ante el Congreso una iniciativa para cancelar 13 fideicomisos (instrumentos financieros para crear fondos con un fin específico), que mayormente se estructuraron para otorgar beneficios laborales a los empleados del Poder Judicial Federal, incluyendo a jueces y magistrados (ningún fideicomiso otorga beneficio alguno a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia). Siendo que muchos de esos fideicomisos se constituyeron con aportaciones de los propios empleados judiciales, que al desaparecer los fideicomisos y pasar sus fondos a la Tesorería de la Federación, representa un acto confiscatorio prohibido por la Constitución.
Esto ha ocasionado múltiples protestas y manifestaciones de los empleados del Poder Judicial Federal.
En adición, el presidente ha manifestado que, de ganar su partido la mayoría calificada en las elecciones del 2024, propondrá un cambio a la Constitución, para que los Ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces, sean elegidos por voto popular.
De elegirse por voto popular los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, ellos quedan comprometidos por los partidos que los impulsen (ganando Morena, serían los vinculados con el presidente de la República), ocasionándose seguramente la pérdida de imparcialidad que los jueces deben tener, por deber sus puestos a actores políticos y no necesariamente a sus conocimientos y capacidad.
Así entonces imagínense si algún político o el propio presidente trae un objetivo de conveniencia política determinada, como declarar delincuente a quien sea o declarar inocente a alguien a su entera utilidad, en ese momento nuestras libertades quedan a la deriva de los gobernantes en turno.
¿En ese país quisiéramos vivir?
