- Marko Cortés tarde, pero sin sueño
- Domínguez pacta con el PAN por espacios
- Se envalentonan los del verde
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, ha intervenido en el escenario político de Chihuahua como un rayo de luz en medio de la tempestad.
Después de semanas de silencio e incertidumbre, Cortés expresó finalmente su apoyo incondicional a la gobernadora María Eugenia Campos, quien se encuentra en el centro de un conflicto con el exgobernador Javier Corral.
La tardanza de Cortés en manifestar su posición solo ha aumentado la expectativa y el escrutinio crítico. Su declaración, aunque demorada, no ha sido ignorada.
En ella, el dirigente panista ha exhortado a la coherencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), recordando el caso de Francisco Cabeza de Vaca. Cuando Cabeza de Vaca, como senador electo, enfrentó una orden de aprehensión, se le impidió asumir su cargo. Cortés espera ahora que el TEPJF aplique el mismo criterio al resolver la situación actual en Chihuahua.
El llamado de Cortés a una aplicación imparcial de la ley es, en cierto modo, un reto directo al TEPJF. La expectación sobre cómo el organismo decidirá este asunto subraya la presión que pesa sobre la gobernadora y el sistema electoral mexicano.
La comunidad política y la ciudadanía estarán atentas a cómo se maneja este caso, ya que el precedente que se establezca tendrá repercusiones para futuros conflictos políticos en el país.
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El actual dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, ha realizado una jugada estratégica que revela la esencia de la política actual: la necesidad de acuerdos y alianzas, incluso cuando la posición del PRI no es la de antaño.
Domínguez ha propuesto sus ternas de recomendados para integrar los equipos de gobierno de los alcaldes electos o reelectos de las administraciones panistas en Chihuahua, Delicias y Camargo.
Este movimiento no es solo un acto de afinidad política, sino una consecuencia directa de los acuerdos pactados durante la última alianza electoral entre el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En términos prácticos, se trata de una forma de cogobierno que busca equilibrar los intereses de los partidos que se unieron para obtener el triunfo en las urnas.
Es inevitable recordar los días dorados del PRI, cuando el partido se mantenía en una posición de poder absoluto y no tenía que solicitar “migajas” a la oposición. El PRI en sus tiempos de gloria no se sometía a las exigencias de otros partidos; el poder y la influencia estaban de su lado. Hoy, sin embargo, la realidad es diferente. El PRI ha pasado de ser el dominante a ser uno de los actores que necesita negociar para tener una parte del pastel político.
La paradoja aquí es evidente: el PRI, que una vez dictaba las reglas del juego, ahora debe conformarse con ser un jugador más en el tablero político. Las ternas de recomendados que ha propuesto Domínguez son un reflejo de esta necesidad de adaptarse y buscar un espacio en el poder, incluso a través de alianzas que en su momento fueron vistas con escepticismo.
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Tras recuperar el honor y el registro oficial, los nuevos regentes del Partido Verde se pusieron muy belicosos y abrieron fuego en contra del presidente del municipio Manuel Benavides en un acto de justicia.
La denuncia que el verde presentó ante las fiscalías Anticorrupción y Delitos Electorales en contra del alcalde Fernando García Villanueva, y otros funcionarios municipales, por supuestamente utilizar recursos públicos para manifestarse en la capital del estado, ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social chihuahuita.
Por un lado, los del verde argumentan que se trata de un acto de responsabilidad y de defensa de la legalidad, pues consideran que el alcalde García Villanueva y sus colaboradores incurrieron en una falta grave al abandonar sus funciones y desviar recursos para fines electorales, en medio de una impugnación por los resultados de la elección municipal, en la que el PVEM reclama el triunfo.
Por otro lado, el alcalde y sus simpatizantes sostienen que se trata de una persecución política y de una estrategia para desacreditar su gestión y su victoria en las urnas, que según ellos fue legítima y transparente.
Además, acusan al PVEM de querer intimidarlos y de buscar un fallo a su favor por la vía judicial, ante la falta de respaldo popular.
Ante este escenario, cabe preguntarse si la denuncia del PVEM tiene fundamentos jurídicos y morales, o si responde a un interés de revancha y de presión política.
