Por Carlos Angulo Parra
Con esta entrega no pretendo hacer un análisis jurídico sobre qué opciones tiene la Suprema Corte respecto a cualquier intervención relacionada con la Reforma Judicial, recientemente publicada como reforma constitucional. Lo que pretendo es hacer entender al mayor número de personas lo que el oficialismo está diciendo respecto a la reciente resolución de la Corte de revisar aspectos de la constitucionalidad de las reformas, y la respuesta de connotados juristas sobre el tema.
Dividamos nuestra exposición en dos secciones:
Aspectos del proceso legislativo relacionados con la Reforma Constitucional.
Aspectos de fondo (es decir, la sustancia o contenido en sí de la reforma) relacionados con la posible falta constitucional a principios que posiblemente no se pueden cambiar por el órgano que aprobó la reforma, llamado “Constituyente Permanente”, que lo integran la mayoría calificada del Congreso de la Unión (que lo integran las 2/3 partes de los legisladores que componen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, más la mayoría simple de las Legislaturas de las Entidades Federativas (17 de ellas).
Diversos juzgadores promovieron ante la Corte el inicio de una llamada consulta para revisar si la Corte puede determinar si se cometieron violaciones de las indicadas en los puntos anteriores. La Corte determinó que sí puede entrar en el estudio de ello, sin aún pronunciarse sobre la problemática planteada.
Lo anterior ha causado un gran resquemor en el oficialismo, desde la expresión grosera y no digna de un presidente del Senado (Sen. Fernández Noroña), que dijo que en base a “un artículo pedorro” de una ley secundaria, la Corte pretendía hacer cambios en la Constitución, hasta la expresión de nuestra presidente, que dijo que “La transformación no la pueden parar ocho ministros”, dijo en medio de la exposición sobre los votos que obtuvo el oficialismo formado por Morena y sus aliados. “Están fuera de la norma”, comentó sobre las facultades del Supremo [la Corte]. La presunta rebelión de Estado que puso sobre la mesa la ministra Lenia Batres por el fallo ha sido minimizado. “Es un golpe aguado, no un golpe de Estado”, lanzó la mandataria este viernes en la tercera conferencia matutina de su Administración”. Nota del periódico El País del 4 de octubre https://elpais.com/mexico/2024-10-04/sheinbaum-sobre-la-consulta-del-supremo-que-busca-impugnar-la-reforma-judicial-es-un-golpe-aguado-no-un-golpe-de-estado.html
Respecto a los aspectos del proceso legislativo, la Corte en innumerables ocasiones ha declarado nulos los procedimientos legislativos que se han llevado a cabo infringiendo los parámetros que las leyes y reglamentos señalan para llevar a cabo los procedimientos legislativos, por lo que si la Suprema Corte encuentra errores y faltas graves en los atrabancados procesos que se hicieron en el Congreso, empujados por los legisladores del oficialismo, podría ordenar al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México a reponer los procedimientos de la reforma judicial.
Esto podría abrir la posibilidad, que la presidente Sheinbaum buscó antes de iniciada su administración, de reabrir la discusión sobre el tema de esta reforma, para realizar una auténtica reforma que beneficie al país y no nada más que abone a la concentración de poder mediante la literal destrucción del Poder Judicial, que la reforma aprobada ha logrado. Esperemos que se presente esta oportunidad.
Respecto a los aspectos de fondo de la Reforma Judicial, los juristas se dividen en sus opiniones. Los conservadores como el Dr. Diego Valadés, afirma que la Suprema Corte está impedida para objetar reformas constitucionales en el fondo, debido a que el Constituyente Permanente es última instancia en ese tipo de reformas. Otros juristas como el Dr. Miguel Carbonell, que apoya el concepto de que la Corte puede cambiar reformas constitucionales aprobadas, cuando las mismas atenten con conceptos esenciales de derechos humanos o la estructura misma de un Estado democrático liberal (por ejemplo, la reforma judicial aprobada atenta contra la independencia judicial y la división de poderes, pilares importantes de un país con una constitución democrática liberal).
En conclusión, tenemos estas opciones de resolución del conflicto que la propia Suprema Corte nos puede dar, pero si el gobierno federal, así como Morena y sus aliados, se llegaren a negar aceptar y acatar una resolución de la Corte en contra de la Reforma Judicial, ya sea en su procedimiento o en su fondo, lo que ello acarrearía sería una crisis constitucional de pronóstico reservado, en la que estimo que nadie sale ganando.
