-Los arrestados pertenecen a una organización llamada La Familia López, la cual operaba en Guatemala, México y Estados Unidos.
Alexander M.M. Uballez, Fiscal Federal para el Distrito de Nuevo México, y Francisco B. Burrola, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) El Paso, anunciaron una acusación presentada por un gran jurado federal el 24 de mayo de 2023, y el arresto de seis presuntos traficantes de personas en una operación policial multiestatal que incluyó arrestos en Arizona y California.
Según la acusación y otros registros judiciales, Ronaldo Galindo López-Escobar, alias «Tío Roni», de 45 años, de Ciudad de Guatemala, Guatemala, y su hermana, Rosa Adriana López-Escobar, alias «Tía Rosa», de 38 años, de Phoenix, y ciudadanos de Guatemala, presuntamente lideraron la Familia Criminal López, una organización criminal transnacional involucrada principalmente en el tráfico de personas con operaciones en Guatemala, México y los Estados Unidos.
La organización contrabandeó a ciudadanos indocumentados a los Estados Unidos utilizando una serie de transportes coordinados, escondites y transferencias electrónicas de dinero dirigidas para evitar la detección. Rosa Adriana López-Escobar fue arrestada en Phoenix el 14 de junio de 2023 y está detenida en espera de nuevos procedimientos, que no han sido programados.
Los familiares de Ronaldo Galindo López-Escobar, quienes presuntamente estuvieron involucrados en el movimiento de dinero a través de cuentas bancarias en embudo y a través de transferencias electrónicas de dinero en nombre de la organización, también fueron arrestados. Deysi Marisela López-Ambrosio, de 25 años, fue arrestada en Long Beach, California. Ambos son ciudadanos de Guatemala.
El 14 de junio también se realizaron arrestos en Arizona de la familia de Rosa Adriana López-Escobar y sus asociados cercanos, quienes supuestamente coordinaron el transporte y el refugio de los no ciudadanos indocumentados contrabandeados: José Denilson López-Chilel, alias «Andrés», de 24 años, Franklin Leonardo Chilel-Ramírez, alias «Arisona», de 37 años, y Junior Vanegas-Portillo, de 20 años, ciudadanos de Guatemala.
Si son declarados culpables, cada uno enfrenta hasta diez años de prisión y algunos estarán sujetos a deportación.
Suny Díaz-Salguero, un asociado de la familia López, también fue arrestado en un caso relacionado en Los Ángeles, California.
«Las organizaciones de tráfico de personas de hoy se aprovechan de la esperanza de los migrantes latinoamericanos, apuntando a aquellos que son más vulnerables a la explotación», dijo el fiscal federal Uballez.
«Para combatir el tráfico de personas, desmantelaremos redes, arrestaremos líderes e incautaremos cuentas bancarias. Y esa es nuestra promesa, y nuestro deber solemne unos con otros y con nuestros vecinos al sur de la frontera que buscan una vida mejor: este equipo atacará incansablemente a aquellos que se benefician de la miseria de los demás.
«Estamos agradecidos con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su invaluable contribución al éxito de esta acción de aplicación de la ley en tres estados: un esfuerzo conjunto significativo y una victoria contra los traficantes de personas sin escrúpulos», dijo el agente especial a cargo Burrola.
«Los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso continúan interrumpiendo con éxito los esquemas de contrabando y las operaciones ilegales de las organizaciones criminales transnacionales a través de nuestras asociaciones de aplicación de la ley», dijo el agente jefe de la patrulla del sector de El Paso, Anthony Scott Good.
JTFA fue creada por el Fiscal General Merrick Garland en junio de 2021 en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para fortalecer los esfuerzos generales del Departamento para combatir estos delitos basados en el aumento del contrabando prolífico y peligroso que emana de América Central e impacta nuestras comunidades fronterizas.
El objetivo de la JTFA es interrumpir y desmantelar las redes de tráfico y trata de personas que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con un enfoque en las redes que ponen en peligro, abusan o explotan a los migrantes, presentan riesgos para la seguridad nacional o participan en otros tipos de crimen organizado transnacional.
