Boicot o descuido en caso Del Río, es pregunta

  • Inalcanzable la carrera de la inflación
  • Más que cerrarlo se debe modernizar el relleno sanitario
  • Después del descontón del centro histórico se refugia Adriana Fuentes en El Chamizal
  • Una curva medio la enderezan en un año

En todo un galimatías jurídico y político se ha convertido el affaire entre la familia De la Vega y el gobierno del estado que encabeza la gobernadora Maru Campos, y que tiene que ver con el vencimiento de licencia para la venta de alcohol en las tiendas Del Río y Superette.
A la fecha, la Dirección de Gobierno a través del personal de Gobernación en Juárez le han retirado el permiso de venta de alcohol a alrededor de 80 establecimientos de esa famosa cadena de tiendas.
La acción administrativa del gobierno marucampista ha metido en serios problemas al corporativo de Almacenes de la Frontera S.A de C.V., ya que han tenido pérdidas millonarias a raíz de que les quitaron el permiso, cuya licencia venció en agosto de 2019.
Para contrarrestar la embestida del gobierno estatal, la empresa recurrió a la protección de la justicia federal mediante la interposición de amparos, para conseguir frenar el cierre de la venta de alcohol en otras 100 tiendas y conseguir la reposición de los permisos retirados.
Hoy o mañana un juez de Distrito habrá de emitir las resoluciones a los amparos interpuestos por el despacho jurídico contratado por la familia De la Vega, del cual, hablaremos más adelante.
Pero antes, comentemos el descuido que cometieron Alejandra y Pita De la Vega que confiaron ciegamente en Manuel Castillo, ejecutivo del corporativo, en quien recaen responsabilidades como la de haber renovado correctamente las licencias para la venta de alcohol.
No pusieron atención, porque bien podrían haber legalizado la licencia en tiempo y forma sin ningún problema cuando aún Alejandra De la Vega era casi la gobernadora.
Nunca se imaginaron que transitar en el gobierno de Javier Corral Jurado les iba a traer semejante problemón.
Así que el gobierno del estado no se fue por la cancelación, ni por la revocación de la licencia como lo establece la Ley de Alcoholes de 2017, violentando los procesos administrativos cuando optó por quitar las licencias de cada uno de los establecimientos.
Lo anterior dejó claro que el procedimiento está marcado por la sed de la venganza en contra de Alejandra de la Vega, quien en decenas de foros y eventos públicos apoyó la “Operación Justicia por Chihuahua” y a su creador Javier Corral que, entre otros, persiguió a Maru Campos.
Antes de recurrir a la promoción de los amparos, Alejandra y Pita hicieron la intentona de resolver el entuerto enviando a sus operadores políticos oficiosos a palacio estatal a que la hicieran de intermediarios.
Entre los que tocaron la puerta de la Secretaría General de Gobierno se encuentra Álvaro Navarro Gárate, César Jáuregui Robles y hasta el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, pero todos fueron bateados.
La instrucción que tienen los secretarios es que todo aquello que huela a Almacenes Distribuidores de la Frontera no tiene cabida en el marucampismo, tal y como ocurrió con el retiro del nombre de “Bravo Bús” al proyecto del BRT-2.
Así que las formas arcaicas de resolver los problemas al estilo de la vieja escuela de Manuel Castillo no dieron resultados.
Ahora tendrá que pagar caro el descuido y es que según dicen los enterados, Castillo nunca informó a las hermanas De la Vega hasta dos días antes que se le vinieran en cascada los cierres de la venta de alcohol en algunas tiendas.
Las lenguas venenosas comentan que al interior del corporativo no descartan un boicot orquestado por Manuel Castillo, porque nunca hizo nada para evitar la bronca.
Vale destacar que no solo es el problema de la división de Almacenes, también tienen el de las gasolineras ARCO que ya llevan más de tres años emproblemadas legalmente en los órganos jurisdiccionales.
La familia De la Vega ha contratado los servicios jurídicos de prestigiados abogados entre los que se encuentran Iván Pérez, quien, por cierto, ya fue recontratado para continuar el proceso de los amparos de las gasolineras que no pudo sacar adelante César Jáuregui Robles y el abogado Maclovio Murillo.
Y el que está llevando los casos de amparo para evitar más cierres de venta de alcohol en las sucursales de Del Río es el despacho de Baker & Mckenzie de Eduardo Romero, quien trae de chalán jurídico a Iván Pérez, actual director de Desarrollo Económico de Juárez.
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Según los últimos informes dados por el Inegi y el Coneval solamente en el mes de abril que recién concluyó se incremento un 12.5 por ciento la inflación en los productos de la canasta básica.
Este desorbitado incremento está muy distante del porcentaje de inflación meta que tiene el banco de México ya que este es de un 3 por ciento, punto que se ve distante y que los economistas más optimistas ven que se podrá alcanzar hasta el primer año del próximo sexenio, es decir hasta el 2025.
La expectativa mediática que ha causado el anuncio del PACIC dicen los economistas que solo es un espejismo que en el mejor de los casos podrá congelar durante seis meses algunos de los 24 productos que incluyó el gobierno federal en la sesta básica de alimentos.
Así que los mexicanos durante los próximos tres años a seguir apretando el cinturón.
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Debido a que en los últimos días tres veces se ha incendiado parte del relleno sanitario de la ciudad, Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Limpia tomaron la drástica decisión de no permitir que los conocidos como “pepenadores” ingresen a dicho lugar para realizar su selección de desechos que pueden ser reciclados.
Es urgente que la administración municipal elabore de forma expedita un proyecto de mecanización para la separación de desechos urbanos que son susceptibles de reutilizar o de reciclar.
Ya que si no están condenando a que el relleno sanitario siga acumulando día tras día cientos de toneladas de desechos urbanos.
Para variar nuevamente estos directores aludidos Ernesto Guevara y Gibrán Solís de Servicios y de Limpia, respectivamente evidencian que de prospectiva no tiene ningún ápice y obligan a que el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar cada semanera tenga que dar la cara para cubrirle las espaldas de sus reiteradas ineficiencias.
Que tan grande no será la palanca desde la Ciudad de México que mantiene enquistado a Ernesto Guevara en el municipio.
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Después de la desconocida que le dio Daniela González Lara a la directora de Proyectos Especiales, Adriana Fuentes Téllez por andarse adelantando en los anuncios del tema del rescate del Centro Histórico ahora la directora dirigió su mira al gran tema de El Chamizal y afirma que ella es quien tiene la interlocución con la Semarnat para llevar a cabo el estudio topográfico y legal en que se encuentra El Chamizal después de que fue cedido en su administración al municipio en 1987.
Mejor haría la funcionaria municipal en elaborar un estudio sobre la condición actual de degradación en que se encuentra la flora y la fauna del sector, así como el estado crítico en que se encuentran las áreas de esparcimiento y deportivas que construyó el gobierno federal a finales de los 60 y principios de los 70’s del siglo pasado porque El Chamizal no solo requiere de un rescate topográfico y jurídico sino también requiere de cumplir a cabalidad el decreto federal de 1987 o sí no que devuelvan lo que no pueden mantener.
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Ya van para nueve meses que la administración estatal está acatando la indicación de la administración municipal y resulta que la famosa megabarda que tenía una longitud sobre la Paseo Triunfo de la Republica desde Fray Junipero Serra, hasta Isaac Newton tiene un mes cerrado la famosa curva de San Lorenzo y no tiene para cuando se pudiera reabrir.
Pero lo que es más grave es que la cerraron desde el domingo 15 de septiembre y ayer no ponían sobre dicha barda ni un solo clavo martillo.
Los del gobierno del estado juegan a que los del municipio no los ven y los del municipio juegan a que están atarantados.