A través de una mesa de trabajo plural, el Senado logró modificar el dictamen de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, al artículo quinto transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional, publicado en marzo de 2019.
Las modificaciones al dictamen establecieron que la actuación de las Fuerzas Armadas deberá estar sujeta a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia (SCJN), de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
“Hoy aprobamos esta reforma porque fue resultado de una mesa de negociaciones que plasmó las principales inquietudes de quienes creemos que las fuerzas armadas deben seguir coadyuvando en labores de seguridad pública, pero de manera regulada, limitada y coordinada con los gobiernos locales”, declaró la senadora por Coahuila.
Uno de los mayores logros de la Cámara Alta, fue la creación de un fondo permanente con recursos suficientes para el apoyo de las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus policías, el cual no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.
“Desde la desaparición del Fortaseg en el 2020 por parte del Gobierno Federal, he alzado la voz ante la difícil situación que viven los gobiernos estatales y municipales en materia de seguridad pública y prevención del delito. Por esa razón, la creación de este fondo permanente que empezará a operar desde 2023, es un logro en beneficio de la tranquilidad de las familias mexicanas”, dijo la integrante de la Cámara Alta.
El Fondo se distribuirá en proporción directa al número de habitantes de cada estado, de acuerdo con la información estadística más reciente del Inegi, además, se determinó que hasta un 25% del recurso asignado, se destinará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme a los indicadores del Consejo Nacional.
Asimismo, el dictamen aprobado establece que la Fuerza Armada permanente que realice tareas de seguridad pública será capacitada en la doctrina policial civil y por ningún motivo podrán sustituir a las autoridades civiles en el cumplimiento de sus funciones.
“Que quede claro, no estamos militarizando al país, estamos fortaleciendo el marco constitucional sobre el actuar de las fuerzas armadas, estableciendo mecanismo de control parlamentario para que a través de informes semestrales, se evalúen los resultados obtenidos en materia de seguridad, para que en un plazo máximo de 9 años puedan concluir su participación y regresar a su cuarteles,” concluyó.
La minuta regresará a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
Milenio
