Otra vez Cruz y Bonilla de los mejores en las encuestas

  • Gabo Díaz viene a jalar orejas a regidores
  • Oficinas del SAT convertidas en hieleras
  • Loera deja vacíos en dependencias federales
  • La oportunidad de los operadores de Maru
  • Palomita al Congreso por pruebas de Covid

En la última encuesta de Massive Caller donde fueron evaluados los alcaldes del país aparecen los presidentes municipales de Chihuahua y Juárez, Marco Antonio Bonilla Mendoza y Cruz Pérez Cuéllar, respectivamente.

Las dos principales ciudades del Estado fueron calificadas en índices de eficiencia, inseguridad y confianza. Los resultados fueron los siguientes:

En el índice de inseguridad, Pérez Cuellar aparece en el lugar 56, con un 49.4 de calificación. Bonilla aparece en el lugar 21 con un 28.9 de calificación.

En Confianza Ciudadana Bonilla anda en el lugar 7 con un 40.7 y Pérez Cuellar en el 51 con un 27.1 de calificación.

Sin ser una competencia esto fija escenarios políticos para el futuro, aunque habría que decir que apenas han trascurrido cuatro meses de los 36 que durarán estas dos administraciones.

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Hoy y mañana estará el líder estatal del PAN, Gabo Díaz con el único objetivo que jalarles las orejas a los regidores del Ayuntamiento de la fracción blanquiazul por los agarres de chongo que se han estado dando entre sí.

El problema interno que han tenido los ediles del PAN viene desde el inicio de la administración municipal.

La gota que derramó el vaso en días pasados, fue la negativa de la regidora Alma Arredondo para apoyar a su fracción, que intentó echar abajo el presupuesto de más de medio millón de pesos para la nómina y pagar el salario del jefe -Darío Cárdenas- de la nueva Coordinación del Adulto Mayor.

En sesión de Cabildo de diciembre de 2021, Arredondo votó en contra de la propuesta de su compañera de fracción, Austria Galindo, para que se reorientará el presupuesto planteado para nómina en la creación de esta Coordinación.

Esa decisión de la regidora panista molestó a sus compañeros de la fracción, que ya se habla de una sanción por no seguir el posicionamiento de Acción Nacional en el Cabildo.

Fue tal enojo del coordinador de la fracción panista en el Cabildo que los cinco regidores le aplicaron la ‘ley del hielo’ a la regidora Alma Arredondo.

Ahora la edil se reunirá con Gabo Díaz y sus compañeros regidores y al calor de un cafecito tratarán de aclarar los puntos de vista encontrados con el fin de limar asperezas.

Veremos si Gabo Díaz les pone un tate quieto a los regidores y empiecen a trabajar de manera coordinada en favor de los juarenses y que los intereses particulares se dejen a un lado.

El dirigente estatal del blanquiazul la hará de bombero para apagar el fuego y rescatar a una regidora que ya está con un pie casi dentro del grupo edilicio de Morena.

Para el jueves Díaz contempla reunirse con la militancia panista; además, prevé ofrecer una conferencia de prensa en el edificio de la avenida 16 de Septiembre y 5 de Mayo.

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Las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se han convertido literalmente en un cuarto frío, semejante a los que tienen algunos negocios para almacenar productos que requieren una temperatura menor a las registradas en los últimos días en el exterior.

Resulta que en el edificio que alberga las oficinas del SAT, ubicado en bulevar Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria, los empleados y los usuarios se encuentran titiriteando de frío desde el pasado lunes, ya que no tienen una temperatura ambiente.

Las fuentes bien enteradas de Cañonazos desconocen si el equipo de calefacción falló o si no hay gas para su funcionamiento; lo cierto es que aquello parece una hielera.

Es una irresponsabilidad del gobierno federal mantener así el edificio en donde se recaudan los impuestos federales y desde donde también se persigue a los contribuyentes.

Pero si esto fuera poco, tampoco cuentan con agua purificada para consumo de los empleados y de los contribuyentes que acuden ahí a realizar algún trámite.

Los empleados se han visto obligados a hacer coperachas para comprar agua para su consumo.

Vaya usted a saber cuántos edificios de ese nivel de gobierno federal están en las mismas condiciones o peor.

Seguramente estos problemas no los tiene el edificio de palacio nacional.

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Ya va más de la mitad del sexenio y el factótum Juan Carlos Loera no ha logrado hacer honor a su calidad de súper delegado.

Se ve que no atiende a las diferentes dependencias federales en el estado y que no tiene reuniones de evaluación con cada jefe de dependencia, para conocer los problemas y abocarse a resolverlos en la ciudad de México con la alta investidura que le dio Andrés Manuel López Obrador.

Su actividad se reduce a entregar los apoyos de la secretaría del Malestar, lo que para muchos chihuahuenses lo hace aparecer solo como el delegado y no como el responsable de todas las dependencias.

Vale destacar que en otros sexenios las reuniones de evaluación y seguimiento fueron constantes.

El primer caso que pudiera resolver son los problemillas del SAT que mencionamos párrafos arriba.

Su participación en el proceso de vacunación ha sido un desastre y mientras que en lugares como la Ciudad de México ya están muy avanzados, hasta los jóvenes de 15 años sin comorbilidades han recibido la vacuna; aquí el factótum no logra hacer esas gestiones para el estado que insiste en gobernar en el 2027.

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La gobernadora Maru Campos no ha tomado el ejemplo de los exgobernadores que en el pasado hacían reuniones de acercamiento y trabajo corresponsable con los delegados y subdelegados federales.

Hasta hoy no se conoce ningún intento de reunión, lo que hace ver mal a los hombres principales de palacio estatal, Luis Serrato y César Jáuregui.

En sexenios pasados no fue obstáculo el origen partidista, tanto del gobernador como de los funcionarios federales. Se hace necesario que los operadores estrella de la gobernadora se activan en este renglón.

Si no lo consiguen, sólo se entenderá que lo declarado por el superdelegado y la gobernadora en materia de coordinación fue de los dientes para afuera.

Estas reuniones revisten vital relevancia para la vida armónica de las administraciones públicas estatal y federal y que esta coordinación redunde en beneficios directos para todos los chihuahuenses.

En el gobierno estatal están tomando el ejemplo del superdelegado federal, Juan Carlos Loera, que ni siquiera él ha podido reunirlos; deseable es que los marucampistas lo rebasaran en beneficio de los chihuahuenses.

Si esto sucede en el 2022, no nos imaginamos que va a pasar en el 2024.

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Desde el pódium mañanero, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un llamado a los mexicanos para que no se dejen asustar por las variantes del virus Delta y Ómicron, ya que como es su costumbre echó la culpa a los conservadores y fifís de asustar a los mexicanos.

Pero todo mundo esta viendo el crecimiento de contagios a nivel nacional, sobre todo por las fiestas decembrinas y de fin de año.

Aun así, AMLO insiste en desconocer el peligro de los contagios y para respaldarlo desde la casa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo secundó cuando dijo a los capitalinos que no se preocuparan que, si están muy elevados los contagios, pero que los hospitales tienen una ocupación del 9 por ciento en promedio.

Ojalá se dieran una vuelta por Ciudad Juárez y visitaran los hospitales del IMSS y los del estado.

Es nada probable que el gobierno federal compre las tan necesarias pruebas de antígenos y dejará que quienes puedan las consigan y las paguen, y los que no, a rascarse con sus propias uñas.

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Por fin la actual legislatura recibió una palomita. Resulta que hasta ahora es el único ente público que puso como requisito a todos y a cada uno de los colaboradores de la torre legislativa aplicarse la prueba de Covid-19, para regresar a laborar después de los días de asueto por la temporada navideña y de fin de año.

Pero el palomazo que se ganó el Congreso es porque contrataron a un laboratorio donde están acudiendo sin distingo todos los empleados a aplicarse la prueba sin desembolsar un solo peso.

Las pruebas las hicieron extensivas a los representantes de los medios de comunicación que cubren esa fuente de información.

El poder legislativo le pone el ejemplo a los otros dos poderes y a los 67 ayuntamientos del estado.