El futuro se complica para Jesús Murillo Karam, que en agosto cumplirá un año en prisión. El exprocurador general de la República, acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia en el marco del caso Ayotzinapa, enfrenta decenas de años de cárcel. En su escrito de acusación, presentado en abril al juzgado, la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), pide 82 años de cárcel contra él. Murillo, de 75, podría pasar el resto de sus días en prisión.
Este es solo uno de los procesos que la UEILCA, parte de la Fiscalía General de la República (FGR), mantiene contra el exprocurador. La unidad acusa también a Murillo de tortura y desaparición forzada, en el caso de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo. Rodríguez Salgado es un presunto integrante de Guerreros Unidos, grupo criminal que atacó a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en el Estado de Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. El Cepillo fue uno de los primeros detenidos por el caso, cuando Murillo comandaba la vieja Fiscalía. Detenido, sufrió torturas por parte de los investigadores.
Ambos casos avanzan en los juzgados a velocidades distintas. El primero fue el que mandó a Murillo a prisión el año pasado, una de las detenciones de mayor perfil del actual sexenio, sin duda la más importante de las conseguidas por la UEILCA desde su creación, en junio de 2019.
En ese proceso, las partes aguardan el inicio de la fase oral de la etapa intermedia, momento en que los investigadores presentarán las pruebas ante el juez. Fijada para el pasado febrero, el inicio de esta etapa se ha ido posponiendo a petición de los abogados de Murillo, inconformes con la decisión del juez, el año pasado, de procesarlo.
Si nada cambia, la primera audiencia de desahogo de pruebas ante el juez será el 18 de septiembre. Iniciará entonces un periodo vital para la UEILCA, que se juega parte del trabajo cultivado estos años en el caso Murillo. Las audiencias iniciales fueron medio complicadas para los fiscales, obligados a presentar el caso al juez antes de los tiempos que manejaba el titular de la unidad, Omar Gómez Trejo.
Esta exigencia de premura, ordenada desde el despacho del fiscal general, Alejandro Gertz, provoco un choque con el titular de la UEILCA que, otros problemas mediante, acabó con la renuncia de Gómez Trejo.
Esta primera acusación contra Murillo apunta a su papel como máximo responsable de las investigaciones del caso Ayotzinapa, desde que la vieja Fiscalía asumió las pesquisas, en octubre de 2014, hasta que su salida de la dependencia a principios de año siguiente.
En esos meses, la Fiscalía, entonces Procuraduría General de la República (PGR), apoyada en la mano derecha de Murillo, Tomás Zerón, detuvo a decenas de personas y presentó una teoría del caso, que señalaba que los 43 estudiantes desaparecidos durante el ataque habían sido asesinados en un basurero. Sus cuerpos, según esta versión, habían sido incinerados y los restos arrojados a un río.
Con el paso del tiempo, esta versión, trufada de irregularidades, acabó por romperse. Muchos de los detenidos habían sufrido torturas por parte de sus captores en instalaciones de la PGR. Con las confesiones de los torturados, el equipo de Murillo y Zerón había armado la historia del basurero, impidiendo, según la UEILCA, esfuerzos genuinos de búsqueda de los 43.
De ahí que ahora, la Fiscalía acuse a Murillo de tortura y desaparición forzada. Él, dice la UEILCA, era el jefe de todo y, con sus acciones y omisiones, permitió la tortura de los detenidos y evitó que se profundizara en la búsqueda de los muchachos.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la UEILCA pide la pena máxima contemplada para cada delito en la ley. Así, los fiscales piden 60 años por desaparición forzada, 12 años por tortura y 10 por delitos contra la administración de justicia.
En el caso de El Cepillo, el caso aún está en etapa de investigación, proceso que no concluye hasta octubre. De cualquier manera, la UEILCA pedirá presumiblemente la misma pena por el delito de tortura que en el primer proceso, 12 años.
En cuanto a la acusación por delincuencia organizada, los fiscales deberán regirse aquí por el Código Penal Federal y no por Ley General en materia de Desaparición Forzada, caso del primer proceso. Esto limitará a los fiscales a pedir como máximo 40 años de cárcel para el exfuncionario.
ElPaís
