Pide Omar Bazán penas más severas para quienes induzcan a menores de edad en actividades delictuosas

El diputado Omar Bazán Flores, vicepresidente del Congreso del Estado presentó una iniciativa en el Congreso del Estado que tiene que ver con adolescentes, para ello, se tiene que reformar los artículos 182 y 182 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Con la reforma quedaría en el sentido de que para cualquier medio procure o induzca o facilite a una persona menor de edad o a quien tengan la capacidad para comprender el significado del hecho de consumo de bebidas embriagantes o sustancias toxicas para que adquieran los hábitos del alcoholismo o de la drogadicción o formar parte de una asociación delictuosa o de delincuencia organizada se le impondrán penas hasta de cinco a diez años de prisión, o de 300 a mil días de multa cuando la práctica reiterada del activo, la persona menor de edad pasivo del delito se vuelva reincidente en la comisión de delito forma parte de una asociación delictuosa y de la delincuencia organizada las penalidades podrán aumentar hasta en un tanto más aunque el hecho delictuoso sea de forma coadyuvante.

En México, la reinserción social de adolescentes infractores es uno de los principales retos que tiene el Gobierno, para lo cual, no solo se debe de implementar políticas públicas de prevención, sino también debe ser apoyado por el Poder Legislativo con la creación de leyes que establezcan sanciones a los delincuentes de acuerdo al grado de peligrosidad y de la gravedad del delito que se cometa, privilegiando y procurando el reingreso del menor a la sociedad como una persona productiva.

Desafortunadamente, la incidencia de participación de menores se ha incrementado considerablemente, la falta de fomento de valores sociales, la crisis económica, la falta de empleos bien remunerados, la ingenuidad y en algunos casos la falta de atención adecuada de los padres de familia son algunos de los factores que influyen para que aumente la deserción escolar y que más jóvenes se incorporen a organizaciones delincuenciales como una opción de tener acceso fácil a recursos que les permitan satisfacer sus necesidades, aunado al confinamiento que se ha venido viviendo por la presencia de la contingencia sanitaria de la COVID-19, factor que también ha desbordado varios desordenamientos psicológicos.

Dado los últimos acontecimientos presentados en los municipios de Juárez y Chihuahua dónde dos mujeres menores de edad en hechos distintos fueron asesinadas brutalmente por jóvenes menores de edad, mismas que forman parte también de la estadística de violencia contra las niñas y adolescentes en Chihuahua, entidad que aparece como una de las más violentas en informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En el estado de Chihuahua, según informe de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del mes de enero al 30 de septiembre del año en curso se han abierto un total de 856 causas penales en contra de menores, dónde los delitos de robo, narcomenudeo y violencia familiar han sido los más recurrentes, cifra que ya superó las 834 causas penales que se registraron en el año 2020.

La reintegración social y familiar de los adolescentes, así como el pleno desarrollo de la persona y sus capacidades son finalidades del sistema integral de justicia, y para ello podemos contar con infraestructura tecnológica que permita lograr los fines establecidos en nuestro máximo ordenamiento legal.

La problemática es compleja y requiere de un estudio profundo del tema, pues de inmediato pensamos en aumentar las penas a los adolescentes infractores, sin embargo existe un límite en caso de privación de la libertad, que es hasta por cinco años, según lo previsto por el artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.