El presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, ha pedido este lunes a la presidenta Dina Boluarte que las Fuerzas Armadas vigilen las sedes judiciales del país en el marco de las protestas, que se han saldado con 14 ataques y siete incendios contra sus edificios.
«He decidido dirigirme mediante oficio a la señora presidenta de la República para solicitarle que las Fuerzas Armadas custodien los locales judiciales y espero que la Presidencia de la República nos brinde su apoyo», ha indicado Arévalo en rueda de prensa.
Asimismo, ha expresado sus condolencias por las víctimas de las protestas a la par que ha deplorado el uso de la violencia, así como la destrucción de la propiedad pública y privada. De esta forma, ha dicho que los ataques contra las instituciones judiciales son un «atentado» contra su normal funcionamiento.
Mientras, el ministro del Interior, Vicente Romero, ha asegurado en la televisión pública que «hay financiamiento» detrás de las protestas en Perú, refiriéndose a los manifestantes como «un grupo minoritario agitado por líderes que no dan la cara».
En un intento por atajar las protestas, la Policía Nacional del Perú ha pedido la compra inmediata de 230.000 granadas y cartuchos con gases lacrimógenos, además de 665.000 artículos antimotines, según una petición de la división logística a la que ha tenido acceso ‘La República’.
La renuncia de Boluarte, así como la convocatoria de elecciones anticipadas, son algunos de los reclamos de las miles de personas que desde diciembre del año pasado vienen manifestándose, cada vez con más virulencia, en todo el país por la detención del expresidente Pedro Castillo.
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