- Aclaración sobre el desayuno informativo en Sanborns
- Hacen llamado a la Normal Superior del Estado
- Sigue la tensión en el Tecnológico de Ciudad Juárez
Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de amparo interpuesto por el Gobierno de Chihuahua contra la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos. Con este fallo, los libros serán distribuidos en todo el país, incluyendo el estado de Chihuahua.
Tras este veredicto surge la pregunta: ¿Quién ganó en esta batalla?
Para algunos, la respuesta es clara: el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Con esta decisión, el gobierno logra imponer su visión ideológica en los libros de texto, los cuales han sido criticados por su contenido sesgado y por la omisión de temas relevantes.
Para otros, la respuesta es más compleja. Si bien el gobierno federal logró imponer su voluntad, el Gobierno de Chihuahua también logró ganar un importante espacio en la discusión pública. La postura del gobierno chihuahuense, que se opuso a la distribución de los libros, fue respaldada por un sector importante de la población, que expresó su preocupación por el contenido de los libros.
En este sentido, la batalla de los libros de texto podría verse como una victoria para la democracia. La oposición al gobierno federal logró visibilizar sus preocupaciones y abrir un debate público sobre la educación.
Sin embargo, ya hay voces que empiezan a señalar que una de las lecciones más fuertes de esta controversia, es el hecho de que la administración encabezada por Maru Campos le dejó claro a la 4T el carácter y determinación que tienen tanto el pueblo como el gobierno de Chihuahua de defender sus convicciones.
Más claro aún que a pesar de las constantes diatribas externadas desde la oposición, más bien cerrada y obtusa para escuchar voces distintas, la postura del Gobierno de Chihuahua se mantuvo firme en ser respetuosa de la Ley.
Ahora que la Corte ha dado su veredicto, el reto para los maestros será solventar las deficiencias que tienen en su contenido los libros de texto, y eso sí, ser sensibles a las preocupaciones que padres de familia chihuahuenses manifestaron desde un inicio.
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El pasado viernes, se llevó a cabo un desayuno informativo en Sanborns, organizado por la diputada federal Lilia Aguilar. Sin embargo, surgieron rumores de que los anfitriones no habían pagado el consumo y que varios periodistas se habían quedado “colgados” con la cuenta. Hoy, nos gustaría aclarar lo que realmente sucedió.
Los periodistas que llegaron un poco tarde al evento fueron invitados a almorzar. Sin embargo, la mesera de Sanborns tardó en llevar los alimentos y aún más en entregar la cuenta. Esta demora generó una confusión considerable.
La diputada federal y su comitiva, creyendo que todo estaba pagado, se marcharon para continuar con sus actividades programadas. La empleada del lugar llevó la cuenta a los periodistas que se quedaron hasta el final, lo que generó la impresión de que los anfitriones no habían pagado.
Afortunadamente, esta confusión ha sido aclarada. La diputada Aguilar y su equipo siempre tuvieron la intención de cubrir los costos del desayuno. El malentendido se debió simplemente a una serie de circunstancias desafortunadas y a la demora en el servicio.
En el mundo acelerado de la “grilla” y el periodismo, a veces pueden surgir malentendidos. Sin embargo, siempre es esencial buscar la verdad y aclarar los hechos antes de sacar conclusiones precipitadas.
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El director de la Normal Superior del Estado en Ciudad Juárez, el profesor Isaac Carrión Meza, se encuentra en el centro de una serie de controversias que han causado gran preocupación entre la comunidad educativa.
Se le acusa de una serie de irregularidades financieras, incluyendo el cobro excesivo por constancias, credenciales y otros documentos que no deberían tener un costo mayor al de una hoja de papel con un sello y una firma. Además, se le señala por la falta de transparencia en el manejo de los reembolsos de becas adeudadas a los profesores que estudian la Maestría en Educación.
Hace más de tres años, se rescindió su contrato por dos razones principales. En primer lugar, intentó cobrar más de siete mil pesos por alumno para un supuesto curso de titulación no autorizado por la sede en Chihuahua.
En segundo lugar, hubo poca transparencia en la inversión de cientos de miles de pesos destinados a la normal cuando cambió su sede de la calle 21 de marzo en la colonia Nogales, a la calle Guinea del Infonavit Tecnológico.
Estas acusaciones son graves y requieren una investigación exhaustiva. La educación es un derecho fundamental y los fondos destinados a ella deben ser utilizados con responsabilidad y transparencia. Los estudiantes, profesores y la comunidad en general merecen saber cómo se están utilizando estos recursos.
A su gusto por la lana ajena, además hay que añadirle sus malos tratos hacia el personal a su cargo, ya puso pies en polvorosa su asistente. Además de sus atrevimientos con los estudiantes; a quienes invita a tomar una cerveza después de la hora de clases. Eso no se debe hacer.
No es campaña de desprestigio, es la consecuencia de ser omiso en la aplicación de los valores y la ética con la que debe conducirse como docente y directivo. Faltaba menos.
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Recientemente, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) ha sido escenario de una serie de incidentes preocupantes. El sindicato del ITCJ ha tenido que desligarse de una cartulina amenazante y vísceras de pollo que fueron colocadas en el baño de la institución educativa en días pasados.
Los del sindicato señalan que el director, Macario Ruiz Grijalva, ha creado un ambiente hostil en la institución, provocando que los alumnos le tengan odio al sindicato. Esta situación ya se había advertido por sindicalizados que hicieron llegar documentos a este medio.
No hay duda de que las diferencias en el interior del Tecnológico continuarán, especialmente ahora que inicia de lleno el proceso electoral. La disputa está entre dirigentes etiquetados con Morena y el PAN.
Las instituciones educativas deben ser espacios seguros y respetuosos para todos: estudiantes, personal y sindicatos. Los conflictos deben resolverse a través del diálogo y la transparencia, no a través de amenazas o actos de intimidación.
La comunidad liebre esperan que las autoridades del ITCJ tomen medidas para resolver esta situación y garantizar un ambiente de respeto y colaboración en el instituto.