En el Senado de la República continuará el trabajo para integrar una legislación completa sobre el cannabis, que responda a nuestro contexto, frene las problemáticas que genera, y fomente el crecimiento económico, afirmó el senador Rafael Espino de la Peña.
Su cultivo, producción, posesión, aplicación y distribución, reguladas por una legislación y con una política pública adecuadas, enfatizó, pueden traer importantes beneficios económicos.
Durante el foro “Cannabis legal en México. El camino para una industria que actúa hoy”, el legislador destacó que una función del Estado es proteger y expandir, de manera progresiva, las libertades y derechos.
“El uso del cannabis para fines terapéuticos, industriales o lúdicos es un asunto de salud y seguridad públicas; de desarrollo económico; y de garantía de la libertad de decidir, de manera informada, sobre su consumo”, expresó.
Dijo que ampliar su legalización en México ayudaría a mejorar la hacienda pública; así lo proyecta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que prevé que su comercialización autorizada, según precios de esta planta en 2021, tendría un impacto recaudatorio de más de 18 mil millones de pesos.
Ello, porque se obtendrían arriba de 15 mil millones en IEPS, y poco más de tres mil millones en IVA e ISR.
Rafael Espino de la Peña señaló que el enfoque regulatorio prohibicionista no ha conseguido los resultados esperados, ni de prevención ni de control, de los riesgos de consumo; ni ha podido evitar los daños a la salud.
Tampoco, agregó, ha logrado desmantelar a los grupos delictivos vinculados a su comercio. Su actuación ocurre fuera de la ley, lo que intensifica la violencia como lo estamos, lamentablemente, viviendo.
Por lo que estimó que “flexibilizar la regulación de toda la cadena de mercado del cannabis, extendiendo su empleo, mejoraría la salud y la seguridad, ayudaría al desarrollo económico, y facilitaría el cumplimiento normativo”.
Dijo que para medir la magnitud que tiene esta industria para México, vale la pena conocer los datos reportados, en 2020, por la organización “Endeavor”, que colocaban a nuestro país como el segundo productor mundial más grande de esta planta, con hasta 27 mil toneladas anuales, y como la principal fuente extranjera de ella hacia Estados Unidos.
Por su parte, la consultora Prohibition Partners, en su reporte de 2018 The LATAM Cannabis, realizó una proyección a 10 años, en la que estimó que, para 2028, el mercado cannábico nacional alcanzaría un valor de casi dos mil millones de dólares; con 67 por ciento para uso médico y 33 por ciento de tipo recreativo.
Por eso, su cultivo, producción, posesión, aplicación y distribución, reguladas por una legislación y una política pública adecuadas, pueden traer importantes beneficios económicos, insistió el senador.
En el caso del cáñamo industrial, agregó que, de manera distinta al cannabis medicinal o de empleo recreativo, no presenta riesgos de consumo, porque no tiene propiedades psicoactivas, que son las que crean dependencia y alteran nuestra conducta al afectar nuestro sistema nervioso.
Como producto agrícola, el cáñamo puede aplicarse como materia prima para diversos segmentos como el automotriz, alimentario, de construcción, en combustibles, tintes, textiles o papel.
El presidente de la Comisión de Justicia recordó que, en 2017, en México se autorizó el uso medicinal de la planta y su aplicación para la investigación científica, con lo que se cumplió una exigencia de miles de pacientes que buscaban tener acceso, de manera segura y legal, a tratamientos en los que ésta había demostrado tener efectos positivos.
La apertura de esta posibilidad normativa, enfatizó, permitió a las instituciones médicas y académicas desarrollar programas de investigación sobre posibles aplicaciones de este insumo en beneficio de la salud de la gente.
“Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante. Desde el Poder Legislativo hemos recorrido un importante camino para diseñar una Ley que regule el uso del cannabis con fines recreativos, bajo el enfoque del libre desarrollo de la personalidad, la salud pública y el respeto a los derechos humanos”.
Este proyecto, subrayó, permite diversos aprovechamientos para el autoconsumo, y para compartirse entre quienes pertenezcan a “asociaciones” que promueven su empleo con fines lúdicos.
También autoriza su comercialización y venta recreativa, y para la investigación, previa licencia, así como la producción de cáñamo con propósitos industriales. Además, prevé que pueda usarse de forma medicinal, farmacéutica, científica, o para cosméticos siempre que sea conforme a la Ley General de Salud.
No obstante, se mantienen la penalización y sanciones, por su posesión y comercialización, si se sobrepasan los límites legales.
“Si establecemos mecanismos, modalidades y restricciones pertinentes en su cultivo, producción y venta, podremos tener un mercado regulado, que prevenga su uso por menores de edad; y que reduzca costos legales como, por ejemplo, los de vigilancia por la posesión para un consumo personal, con lo cual se podrán liberar recursos para atender otros problemas sociales”, enfatizó Espino de la Peña.
Además, manifestó que “si modulamos su legalización, su distribución podrá ser controlada y segura”, lo que evitará que el crimen organizado obtenga ingresos por su comercio ilícito e incremente la violencia.
