Por Carlos Angulo Parra
“Orden y progreso” era el lema que tenía el gobierno de Porfirio Díaz, aduciendo a que si tenemos una sociedad que cumple con las reglas del juego y existe un gobierno que respeta dichas reglas vamos a tener progreso.
Claro está, para que ello exista es necesario que haya inversión.
Consideremos que uno de los elementos necesarios para la creación de la inversión es de que haya seguridad, justicia y paz. Además, es necesario que las reglas del juego sean claras y certeras.
Lo primero que crea la inversión es el empleo, este genera ingresos, los ingresos desarrollan intercambio comercial y dicho intercambio crea riqueza, que, a su vez, genera recursos para la inversión, completando así el círculo virtuoso del progreso.
Pongamos como ejemplo la tragedia de Acapulco. Un fenómeno natural tiene como resultado la destrucción de infraestructura turística, servicios públicos esenciales, como agua, electricidad, drenaje, comunicaciones y medios de transporte, así como las viviendas en donde habita la población que da los servicios necesarios para mantener esa infraestructura turística.
La intervención del crimen organizado, auspiciado por la desesperación de la población, impulsaron los pillajes generalizados que en Acapulco se dieron en contra de los centros de distribución de mercancías; tiendas de conveniencia, supermercados, centros comerciales, y toda clase de negocios al menudeo.
Lo anterior generó una parálisis en la distribución de bienes y servicios, porque no encontraron garantía de seguridad en su desarrollo. Esta situación paró a su vez el empleo en esta rama de la economía que debió de haber subsistido por ser la distribución de alimentos esenciales para la continuación de las actividades indispensables para la subsistencia; por lo tanto, se suspenden los ingresos de las personas de este sector. Al eliminarse el intercambio comercial se deja de generar riqueza y mucho menos inversión.
Todo lo anterior tiene como posible resultado un colapso social que puede tener como resultado una disrupción social en, cuando menos, un millón de personas residentes en la región, con peligro de alcanzar a una vasta región del país.
Al no intervenir el gobierno de forma contundente para detener este círculo vicioso, puede traer como consecuencia males inimaginables, desde epidemias, hasta grandes migraciones que generen efectos disruptivos nocivos para el país.
Ante esta situación, un gobierno responsable debe de actuar con rapidez, eficiencia, energía, fuerza y determinación, cosas que no hemos visto que sucedan.
La población trabajadora y sus familias, los empresarios y hasta los dueños de los miles de propiedades vacacionales que muchos habitantes de la Ciudad de México y otras localidades tienen, se han mostrado solidarios para apoyar a Acapulco en su reconstrucción y recuperación del orden necesario. Pero, el gobierno ha mostrado desdén, desde al haber reaccionado tarde para prevenir la contingencia, hasta minimizar la magnitud del desastre causado por el huracán Otis.
Sí tenemos una población dispuesta a rifársela en las arduas actividades de reconstrucción y recuperación de espacios turísticos perdidos, lo que necesitamos es el compromiso del gobierno para desviar recursos, principalmente de áreas improductivas como las millonadas que cada año se tiran a la basura en PEMEX, para que Acapulco vuelva a ser una ciudad productiva y desarrolle plenamente su vocación turística.
Esto no es solo necesario que se lleve a cabo para salvar a Acapulco, sino como una medida preventiva para el resto del país.
Hay oportunidad de reestructurar al Puerto de Acapulco para que, a partir de esta crisis, se reconstruya de una manera sustentable y se otorgue a sus habitantes viviendas dignas.
Pero, sobre todo, hacer que el Puerto tenga orden, que haya seguridad y justicia, para que vuelvan las inversiones que nos generan empleos, riqueza y progreso.
