JRZnoticiasLa historia de Mónica Oros en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) es un recordatorio de las complejas luchas entre la aspiración ciudadana por una gestión pública transparente y los desafíos que enfrenta esta visión.
Su nombramiento en 2023, envuelto en controversias sobre su selección, ha despertado un debate sobre cómo las prácticas de favoritismo pueden alejarnos del ideal de una sociedad justa y equitativa.
Desde su incorporación al CPC, Oros ha estado en el centro de la polémica por su papel en la modificación de políticas y en la obstrucción de iniciativas destinadas a fortalecer la lucha contra la corrupción.
En particular, se le critica por alterar la política anticorrupción para excluir elementos que podrían incomodar a altos funcionarios de la Función Pública, lo que no solo ha generado dudas sobre su compromiso con la ciudadanía y la lucha contra la corrupción, sino que también ha tocado las vidas de los ciudadanos que buscan en el CPC un aliado en su demanda por un Chihuahua más justo.
Oros, quien ha sido apodada la «Señora NO» por su tendencia a rechazar propuestas sin ofrecer alternativas viables, se ha dedicado a obstaculizar el progreso hacia una mayor participación ciudadana.
Su intervención en el proceso de selección del Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, imponiendo requisitos excesivamente estrictos, resultó en una convocatoria desierta, socavando la credibilidad del CPC y dejando la posición sin llenar.
A casi nueve meses de su promesa de contribuir al bienestar ciudadano, la falta de evidencia sobre su impacto positivo plantea interrogantes sobre su compromiso y eficacia. A pesar de ello, Oros parece enfocarse en sus verdaderas responsabilidades en la Función Pública, desde donde se dice justifica su designación en el CPC, elaborando informes para dicha dependencia.
