“Se derrotó la presunción de inocencia”. Jesús Murillo Karam apenas esbozó esas palabras frente al juez, con el desgano que deja permanecer en una audiencia judicial por 12 horas; y tras escuchar que iría a prisión a los 74 años de edad.
Quien fuera procurador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido la tarde del viernes 19 de agosto en su casa ubicada en la acaudalada colonia Lomas de Chapultepec. A la mañana siguiente estaba frente al juez escuchando las acusaciones en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.
Ese había sido el principal caso de investigación en su paso por la Procuraduría General de la República (PGR). La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, marcó su carrera como funcionario público cuando presentó “la verdad histórica”, con lo que daba por concluidas las investigaciones argumentando que los jóvenes habían sido incinerados en un basurero de Cocula.
Durante la audiencia, los fiscales aseguraron que “la verdad histórica” era un “invento” construido mediante tortura y “montajes”. Que se trataba de una “maquinación”, “una verdad histórica falsa” orquestada por él, con la ayuda de su subordinado, Tomás Zerón, extitular de la Agencia Federal de Investigación, ahora prófugo en Israel y acusado de los mismos delitos de Murillo Karam.
El juez de control que presidió la audiencia, Marco Antonio Fuerte Tapia, consideró que someter a Murillo Karam a prisión preventiva justificada aseguraría su presencia en la siguiente audiencia y eliminaría que se fugara o se escondiera, puesto que tenía los medios económicos y las redes de amistad para ayudarle.
Además, evitaría el “riesgo procesal innecesario” de que el orquestador de la “verdad histórica” pudiera influir o intervenir en la “trascendente investigación” que supone el caso Ayotzinapa, y que podría traer como consecuencia “afectar el derecho a la verdad” para las víctimas.
Con esos elementos, el juez resolvió que el exprocurador quedaría recluido en el Reclusorio Norte a partir de este 20 de agosto.
En 2015, cuando Jesús Murillo Karam dejó la Secretaría de Desarrollo Agrario, el último cargo público de su carrera, tenía 67 años, pero por su complexión regordeta y el carácter recio, se imponía como un hombre fuerte. En el video de su detención y, aún más en la audiencia, lucía disminuido, con varios kilos menos y el semblante desganado.
La hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le dejó el tabaquismo y la insuficiencia vascular cerebral que le fue detectada hacía 7 años, le estaba pasando factura.
La audiencia, presidida por el juez Marco Antonio Fuerte, comenzó poco antes de las 10 de la mañana con el listado de imputaciones por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia leídas por la fiscal Lidia Bustamante. Explicó que, tras la desaparición de estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó el esclarecimiento del caso, y ‘la verdad histórica’ había sido la forma de hacerlo.
“La verdad histórica fue inventada por usted, Murillo Karam, en conjunto con Tomás Zerón, para dar respuesta al clamor social de justicia y que estaba generando desestabilidad en el país. Usted dio instrucción y ejecución de hechos delictivos para sostener la verdad inexistente, la fabricación”, aseguró la fiscal.
Bustamante acusó a Murillo Karam de ser el autor intelectual de tortura y desaparición forzada; y autor material del delito contra la administración de justicia.
En todos los casos, la fiscal consideró que las cuatro conferencias de prensa que Jesús Murillo Karam dio sobre el tema, eran pruebas en este proceso judicial en su contra, puesto que, en la primera de ellas, realizada el 6 de octubre de 2017, anunció que la PGR había atraído la investigación y, por lo tanto, fue el responsable directo de ella.
En la conferencia del 27 de octubre, Murillo Karam mintió al decir que ya había detenidos y se encontraban declarando, mientras que en la conferencia de prensa del 7 de noviembre donde exhibe videos con declaraciones de los supuestos responsables, se trató de testimonios obtenidos mediante tortura.
Otro elemento en contra de Murillo fue el testimonio del exfuncionario Bernardo Muñoz, quien grabó los videos donde los detenidos eran torturados.
El exfuncionario, apegado al criterio de oportunidad, declaró que fue testigo de una reunión de ‘altos mandos’ que se realizó en Guerrero el 7 de septiembre, dos días después de que la PGR atrajo la investigación de Ayotzinapa.
En ella participaron Murillo Karam, Tomás Zerón, el entonces gobernador Ángel Aguirre, Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la unidad especializada en investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y Omar García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero y actual secretario de seguridad de la Ciudad de México.
La fiscal Lidia Bustamante dijo que esa reunión sirvió para “fraguar” la verdad histórica, puesto que ocurrió inmediatamente después de que la PGR atrajo la investigación y posterior a ella, ocurrieron los presuntos delitos que sirvieron para sostenerla.
Uno de ellos está relacionado con las detenciones de supuestos integrantes de Guerreros Unidos y presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, hecho que Murillo Karam dio a conocer el 27 de octubre de 2014 en una conferencia de prensa.
Sin embargo, la Fiscalía descubrió que, a las 16 horas, cuando ocurrió la conferencia de prensa, las cuatro personas presentadas como presuntos responsables aún no habían sido detenidos, pues éstas ocurrieron en las primeras horas del 28 de octubre de 2014, según declararon en 2019, durante la investigación contra Murillo.
Érika Ramírez, exfuncionaria de la Procuraduría, declaró, en agosto de 2021, que fue testigo de la fabricación de documentación oficial para ‘cuadrar’ las detenciones. A petición de Gualberto Ramírez Gutiérrea, titular de la unidad especializada en investigación de la SEIDO, un policía ministerial realizó una llamada para registrar una “denuncia anónima” denunciando la supuesta responsabilidad de los detenidos.
Ese hecho quedó registrado el 25 de octubre, aunque el día que lo hicieron era 27 de octubre. “Gualberto autorizó el oficio y elaboró el memo”, declaró la exfuncionaria, quien también se apegó al criterio de oportunidad.
La fiscal detalló que las pruebas del Protocolo de Estambul develaron que los detenidos fueron torturados para conseguir declaraciones que sirvieron para fabricar ‘la verdad histórica’.
Agustín García Reyes, uno de los acusados, declaró que lo detuvieron a las 3 de la madrugada cuando se encontraba en su casa. A partir de entonces sufrió tortura para declarar su participación en la desaparición de los estudiantes.
García Reyes dijo que fue sacado de la detención y trasladado en helicóptero, junto a Tomás Zerón, hacia Iguala, al río San Juan, para simular que tiraba al agua restos de huesos contenidos en bolsas de plástico, y donde un día después se registraría el hallazgo de un resto óseo.
Ese material fue enviado al laboratorio de Innsbruck y se confirmó que corresponde al de Alexander Mora Venancio.
Sobre este hecho también existe la declaración y las fotografías tomadas por un periodista que vio a Tomás Zerón, y al presunto acusado, con las bolsas negras caminando cerca del río.
Todo esto, insistió la fiscal Bustamante, confirma la responsabilidad de Murillo Karam, pues Tomás Zerón era su subordinado y pese a estar enterado de la tortura perpetrada contra los detenidos, no lo denunció; además, en este delito, la jerarquía es relevante para la imputación y en este caso, Murillo Karam tenía el cargo más alto en la institución de procuración de justicia.
El “montaje”, la manipulación de la escena y la obstrucción en la cadena de custodia de las pruebas acredita el delito contra la administración de justicia, explicó la fiscal Lidia Bustamante.
Por otra parte, la acreditación del delito de desaparición forzada está relacionado con ‘la verdad histórica’, pues al maquinar una mentira, Murillo Karam impidió que se siguieran otras líneas de investigación que podrían llevar a la localización de los estudiantes. Por lo tanto, al concluir las pesquisas contribuyó a perpetuar la desaparición forzada.
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