Los nuevos lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19 están enfocados en los centros de trabajo formales y dejan de lado las actividades informales como el comercio en la vía pública y otro tipo de espacios importantes —como las escuelas—, advierten especialistas en salud.
“Se entiende que estos lineamientos están enfocados en la actividad económica formal, como lo dice su nombre, pero nos quedan a deber la regulación en otros espacios, como los tianguis, por ejemplo, donde hay muchas aglomeraciones, o los centros educativos. Parece que se está priorizando lo económico sobre la salud de la población”, afirma Malaquías López, epidemiólogo e integrante de la Comisión COVID-19 de la UNAM.
En el mismo sentido, Oscar Estrada, especialista en sistemas de salud y profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, señala que estos lineamientos dejan de lado a la mitad de los mexicanos que no tienen un trabajo formal. “No sorprende, porque a ellos se les ha desprotegido mucho”, alerta.
Estrada remarca que durante toda la pandemia “pareció que salir a trabajar para quienes estaban en la economía informal era algo inamovible, como algo ya dado por hecho, en lugar de pensar en una serie de apoyos económicos que les permitieran quedarse en su casa; ahora, otra vez se les deja de lado”.
Por el contrario, Mauricio Rodríguez, epidemiólogo y también integrante de la Comisión COVID-19 de la UNAM, asegura que las medidas que se incluyen en estos lineamientos sí se pueden extrapolar a cualquier actividad y espacio.
“El gobierno no se dirige al sector informal, porque no sabe quiénes son. Se debe dirigir al sector formal. Pero no quiere decir que ignore a la otra parte; de hecho, las medidas que marcan los nuevos lineamientos se pueden aplicar para toda actividad económica y se pueden transpolar a la sociedad, a los centros comerciales, al transporte público, etcétera”, dice.
Aunque Rodríguez admite que habrá que hacer adaptaciones para el contexto educativo, considera que “ahí (en los lineamientos) están puestas las medidas básicas del cuidado; probablemente la Secretaría de Educación Pública adapte sus protocolos, incluso el documento sirve de base para que todas las secretarías lo hagan”.
Los nuevos lineamientos dejan en los centros de trabajo la responsabilidad de prevenir y contener contagios. En una parte del documento, se señala como medidas generales que “la promoción de la salud en las empresas implica la orientación, capacitación y organización de las personas trabajadoras para prevenir y controlar la propagación del coronavirus causante de COVID-19 en sus hogares y, de manera muy importante, en eventos sociales y durante los trayectos en el transporte público o privado que proporcione la compañía”.
Las medidas de orientación, capacitación y organización que se contemplan incluyen proporcionar información general sobre el virus SARS-CoV-2, los mecanismos de contagio, síntomas que ocasiona, las mejores maneras de prevenir la infección, mantener una sana distancia (al menos a 1.5 metros) y establecer un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre cómo prevenir y evitar cadenas de contagio.
Además, se recomienda a las empresas la designación de un comité o persona responsable de la correcta implementación, el seguimiento y la supervisión de las medidas para la nueva normalidad en el marco de COVID-19.
Dicho comité o persona responsable debería: cerciorarse de que las estrategias generales de control son correctamente implementadas; mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad federal para, en su caso, comunicar a las personas trabajadoras sobre nuevas medidas que deban implementarse, y supervisar que se cumplan los protocolos de limpieza de áreas, superficies, objetos de contacto y de uso común.
Adicional a eso, se recomienda a los centros de trabajo contar con un protocolo de seguridad sanitaria, en el que se incluyan los conceptos de caso sospechoso de COVID-19, confirmado y contacto, así como contar con un cuestionario para la identificación de síntomas y un instrumento para la identificación de contactos de trabajo y comunitarios.
“Toda la capacitación, la comunicación, la estrategia la tendría que hacer el Estado, tendría que haber campañas en los medios para las actualizaciones, para eso existen los gobiernos, no para delegar la responsabilidad al sector privado”, asegura Oscar Estrada.
Respecto de cuestiones como el cubrebocas, las pruebas y las vacunas que se mencionan en los lineamientos, los especialistas remarcan que un aspecto importante es que no se deben malinterpretar dichos puntos.
Mauricio Rodríguez recuerda que el uso del cubrebocas nunca fue obligatorio por parte del gobierno federal, así que no se trata ahora de que hayan quitado la obligatoriedad y ya no se deba usar. Hay recomendaciones específicas de cuándo usarlo, por ejemplo, en espacios abiertos y cerrados, donde no se pueda mantener la sana distancia o no haya buena ventilación.
Tampoco hay que malinterpretar los lineamientos respecto de las pruebas COVID. “Lo que se señala no es que no deban hacerse ya, si no que no deben pagarlas los empleados como una condición para poder volver a su trabajo”, precisa Malaquías López.
En ningún caso, dicen los lineamientos, debe ser obligatoria la toma de una prueba (RT-PCR, de antígeno o serológica) para el regreso al trabajo: “Las empresas deben contar con una política de protección a las personas trabajadoras para evitar que se condicione el retorno por medio de pruebas financiadas por el trabajador”.
Sobre la vacunación, lo que se señala es que no debe ser un factor condicionante para que las personas realicen sus actividades laborales, pero a las personas que decidieron no vacunarse o que están inmunocomprometidas se les sugiere usar el cubrebocas en todo momento.
