En una audiencia inédita, la primera en la que Estados Unidos es acusado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato de un migrante mexicano, Anastasio Hernández, a manos de agentes de migración en 2010 en San Diego, los familiares de la víctima demandaron verdad y justicia, luego de que el caso fue cerrado en 2015, a pesar de que hay videos y testigos de cómo el hombre fue golpeado hasta la muerte.
Indicaron que con este caso se tiene la oportunidad de crear un cambio duradero. En contraparte, los representantes de Estados Unidos reiteraron que hubo una investigación por fiscales federales experimentados que determinaron que las pruebas eran insuficientes para presentar cargos penales.
María Puga, esposa de Anastasio, narró ante los comisionados de la CIDH que se enteró por un oficial que su pareja estaba en el hospital, con muerte cerebral, el 29 de mayo de 2010, pero nadie nos explicó qué había pasado. Me enteré de los detalles después, el día de su funeral, señaló. Cuando estaba en casa, en un noticiero de televisión se empezó a difundir un video, escuché los gritos de dolor de mi esposo.
Fue dos años después cuando tuvo acceso a un segundo video. “Vi las imágenes de cómo mi esposo estaba rodeado de agentes, golpéandolo, torturándolo… le pusieron la pistola eléctrica, lo humillaron, le quitaron su ropa”, dijo. Eran unos 13 sujetos quienes lo agredieron y se presume que eran agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y Patrulla Fronteriza.
María explicó que al solicitar a la CIDH revisar el caso se quiere que los oficiales involucrados y el gobierno pidan perdón a la familia por haber asesinado a mi esposo, que haya cambios en estas políticas de uso de la fuerza que tanto han hecho sufrir.
En la audiencia, en el marco del 185 periodo de sesiones de la comisión, los representantes de la familia de Anastasio, de la Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley y de Alliance San Diego, denunciaron el encubrimiento de las autoridades estadunidenses.
Indicaron que aunque la víctima no representaba una amenaza para la seguridad de los agentes, hicieron un uso de la fuerza desproporcionado.
Estados Unidos no ha refutado ni respondido a estos alegatos, de hecho, intenta justificar la utilización de la fuerza de los agentes y la decisión del Departamento de Justicia de concluir la investigación penal al sostener que Anastasio era combativo y estaba agrediendo.
Thomas Hastings, representante interino de Estados Unidos ante la OEA, subrayó que tienen diferencias de opinión sobre que la CIDH admitiera este caso. Refirió que, mediante acuerdo, el gobierno pagó un millón de dólares (a la familia) para resolver todo tipo de reclamación de los actos u omisiones que dieron lugar al caso.
LaJornada
