La policía de la capital de Brasil, Brasilia, dijo el martes que la mochila encontrada cerca del lugar donde se alojaba el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, que había provocado la investigación de una amenaza de bomba, sólo contenía efectos personales.
La noticia de la intervención de los artificieros a pocos días de la toma de posesión de Lula subraya el ambiente de nerviosismo que reina en Brasilia tras las elecciones más tensas en décadas.
El 24 de diciembre, la policía de Brasilia dijo que había frustrado un complot para realizar un atentado con bomba, deteniendo a un hombre que estaba vinculado a un grupo de negacionistas electorales pro-Bolsonaro que acampaban frente a la sede del ejército y que han estado instando a los militares a revocar la victoria de Lula.
George Washington Sousa, que confesó haber fabricado el artefacto y conspirado con otros para hacerlo explotar, dijo que esperaba que esa bomba «provocara una intervención militar (…) para impedir la instalación del comunismo en Brasil».
A principios de diciembre, un grupo del campamento frente al cuartel intentó invadir la sede de la policía federal, tras la detención de un líder indígena pro-Bolsonaro por supuestas amenazas antidemocráticas.
Las tensiones políticas en la capital han llevado al equipo de Lula a reforzar los protocolos de seguridad para la toma de posesión del domingo, según dijo el lunes el ministro de Justicia entrante, Flavio Dino.
El martes, Dino dijo que el equipo de transición pedirá al Tribunal Supremo que suspenda posibilidad de portar armas de fuego en Brasilia durante los próximos días.
Desde que Bolsonaro comenzó a flexibilizar las leyes de armas en 2019, el número de propietarios de armas registrados se ha multiplicado por seis, hasta llegar a unas 700.000 personas.
«Pediremos al juez Alexandre de Moraes (…) que suspenda el porte de armas de fuego en el Distrito Federal entre mañana (miércoles) y el 2 o 3 de enero», dijo Dino a periodistas.
«El objetivo es que incluso las personas que tienen permisos… tengan esta suspensión por orden judicial, para que cualquier porte (de armas de fuego) en este período sea considerado un delito».
Reuters
