- Muy fuerte, muy fuerte la salida del omiso Briones
- Un super delegado que de super no tiene nada
- AMLO manda a Rosa Icela al “matadero” mediático
- “No habrá impunidad”, de lengua me como un plato
No le quedó otra al gobierno del estado que asumir a cabalidad las autopsias de los migrantes que fallecieron en la estancia provisional de migrantes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Ante la falta de capacidad en el Semefo, la autoridad tuvo que contratar el servicio de un camión refrigerado con el fin de resguardar los cuerpos de las 38 víctimas de la estación migratoria; ahí apilarlos y esperar a que les correspondiera su turno para la necropsia de ley y posteriormente entregarlos a las familias que reclamen los cuerpos.
Hasta ahora no se sabe que la autoridad estatal haya pedido refuerzos del Semefo de Chihuahua, ni de Cuauhtémoc, ni de nuevo Casas Grandes; sino simplemente decidieron hacer el trabajo que les correspondía a los forenses de la Fiscalía General de la República (PGR).
Por lo que tuvieron que recurrir a la renta de un camión refrigerado para resguardar los cuerpos y que no sufrieran mayor deformación por los efectos del clima y el tiempo.
Aquí queda claro una vez más la ineficiencia de la fantasmal PGR, cuyos responsables recargan una y otra vez más la labor que le corresponde al gobierno del estado, y este sin mayor reparo lo asume.
Lo cierto es que el gobierno federal incumplió con su labor de prevenir y custodiar cualquier acto que propiciara un efecto dañino a los migrantes.
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Ayer circuló en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez el rumor del supuesto cese de Roberto Briones Mota, titular de Protección Civil del municipio, quien solamente ha destacado por ser familiar político de la síndica municipal Esther Mejía Cruz y de Fernando Mota Allen.
Más allá de esas cartas de presentación no ha mostrado que le sirva al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar; sin embargo, ayer transitó de manera profusa el rumor de que en ningún momento revisó las instalaciones del INM para ver en qué condiciones se encontraban dichas instalaciones.
Mas allá de su competencia legal y a pesar de ser vecino del edificio en donde ocurrió la desgracia, el señor fue omiso y con su clásica sonrisa omitió la responsabilidad que le compete y eso que es el representante de protección civil de los juarenses.
Sólo el presidente municipal decidirá el futuro de tan inoperante funcionario.
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El delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, con todo y su enorme delegación del Bienestar nomás no pudo influir en la Secretaría de Gobernación y en su propia secretaría para apoyar a los migrantes antes de que ocurriera la tragedia del lunes pasado.
Loera no hizo nada con los programas del Bienestar y solamente se concretó a criticar a los demás gobiernos estatal y municipal y a dejar hacer y dejar pasar.
Aún y en el supuesto caso que las omisiones de las cuales acusa al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, él debió haber puesto el dedo en la llaga; sin embargo, no lo hizo y ahora cuando han fallecido desafortunadamente 39 extranjeros, hoy si trata de posicionarse.
Y ya lo vimos, el hilo ya se reventó por lo más delgado con las órdenes de aprehensión en contra de guardias de una empresa de seguridad que cuidaba las instalaciones y de funcionarios de migración de tercer nivel. Y pagarán justos por pecadores.
Por lo pronto, ningún funcionario de primero o segundo nivel del gobierno federal relacionados con el tema de la migración han sido cesados de sus cargos por el caso de la muerte de los migrantes en la estancia provisional, mucho menos serán llamados a cuentas por la justicia.
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La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y la fiscal especial en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, fueron enviadas al “matadero mediático” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las dos mujeres tuvieron que salir a dar la cara ante los medios de comunicación por la tragedia de la estancia provisional de migración en donde murieron 39 migrantes y otros 29 resultaron gravemente heridos.
El secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, no fueron expuestos ante cámaras y reflectores para responder sobre su responsabilidad de este lamentable suceso.
El presidente cuidó muy bien a sus “corcholatas”, seguramente llegaron a ese acuerdo y optó por Rosa Icela, quien no tuvo empacho para encabezar la conferencia de prensa y responder cada una de las preguntas de los colegas reporteros.
Tampoco el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, ha sido expuesto ante los medios y ayer se encontraba en esta frontera y recorrió varios hospitales para conocer el estado de salud de cada una de las personas migrantes extranjeras lesionadas.
La conferencia de prensa de seguridad que se realizó ayer por la tarde fue kilométrica para informar sobre los hechos ocurridos el lunes pasado en la instancia de migrantes del Instituto Nacional de Migración.
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Entre lo más trascendente que informaron la secretaria y la fiscal en la conferencia de prensa de seguridad destacó que, hasta ese momento, tenían identificadas a ocho personas como presuntos responsables de los hechos.
Según dijo Rosa Icela Rodríguez se encuentran dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de una empresa de seguridad privada. Puntualizó que ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes.
“Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”, dijo la funcionaria.
Informó que migración se hará cargo del retorno de los cuerpos y movilidad de migrantes y familiares; aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estableció contacto con las cancillerías de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela para coordinar la identificación y traslado de los cuerpos a los países de origen.
Además, enfatizó que de ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie, “en este gobierno se castigan los abusos y violaciones a los derechos humanos”, sentenció.
Según dijo, el gobierno tiene un compromiso irrestricto con la sociedad para evitar la impunidad, por eso se realiza una investigación seria y profesional que encabeza la Fiscalía General de la República para llegar a la verdad histórica de los hechos.
