- Continúan las especulaciones sobre la enfermedad de AMLO
- Arremeten morenos en contra de Maru Campos en el Congreso
- Polémica por declarar el “burrito” como patrimonio cultural
Como todo un estilo de proteger a sus incondicionales, el gobierno de la 4T protegió durante la audiencia en el juzgado federal al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.
A este funcionario, viejo amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero le dieron una ampliación de 144 horas en la causa penal que se le sigue en un juzgado federal por la tragedia del incendio de una estación de migrantes a su cargo en donde murieron 40 personas, no será hasta el próximo domingo cuando se resuelva su situación jurídica.
En segundo lugar, el juez no aceptó la presión del Ministerio Público de retirarlo de la función pública; y tercero solamente se le va a enjunciar en determinado caso por ejercicio indebido del servicio público que no conlleva la medida penal de prisión preventiva oficiosa, sólo tendrá la obligación de ir al juzgado y firmar cada mes.
Durante este sexenio hay varios casos en los que se ha protegido a los responsables principales de varias tragedias, tal fue el caso de que enero de 2019 se protegió a los militares que no fueron capaces de pedir refuerzos y permitieron que los pobladores de Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo siguieran sustrayendo gasolina de un ducto de Pemex hasta que horas después explotó y dejó 135 muertos.
El otro caso icónico fue el que sucedió en el desastre de la línea 12 del metro en la Ciudad de México donde fallecieron 26 personas; la autoridad federal protegió a la entonces directora del metro Florencia Serranía.
Y ahora para variar con el incendió de las instalaciones de migrantes del INM en donde fallecieron 40 migrantes se está protegiendo a Francisco Garduño.
Pero eso sí al caso de Ayotzinapa este gobierno le ha sacado todo el jugo político posible por lo que aplica aquello de que “ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.
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Ya casi parece una telenovela o mejor dicho una serie de Netflix el tema del origen y el tiempo de enfermedad que aqueja al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el domingo pasada.
Lo cierto es que en 72 horas los inquilinos de la presidencia de la república no han publicado una sola fotografía o un video que deje más o menos claro que AMLO padece Covid 19.
Los muy acuciosos sólo le piden al secretario de salud Sergio Alcocer que, si el presidente tiene Covid no permita que lo atienda el doctor muerte Hugo López Gatell.
Entre esta maraña de información todo mundo ha construido su propia hipótesis sobre el estado de salud del primer mandatario; mientras tanto el secretario de gobernación Adán Augusto López se da vuelo en las mañaneras y esto evidentemente le va a beneficiar para alcanzar en las encuestas a las otras corcholatas Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, por lo que será el gran ganón de este inter en que dure incapacitado el presidente de la república.
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En el Congreso del Estado una vez más los morenos encontraron el pretexto ideal para arremeter en contra de la gobernadora Maru Campos. Ahora la justificación para utilizar la tribuna fue la contratación y pago de servicios a favor José Antonio Meade.
Y aunque la bancada del PRI desde un inicio alegó que no existen evidencias de la corrupción y el PAN defendió a la mandataria estatal, los diputados de morena que la gobernadora explique del pago que se le brindó a José Antonio Meade, ex secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto.
Como muchos saben, Meade Kuribreña, en los últimos años se ha dedicado al servicio privado, siendo una de sus actividades principales el brindar consultas en los ramos bancario, financiero, desarrollo social entre otros y parte de estos servicios fueron brindados al Gobierno de Chihuahua contratados directamente por Maru Campos.
Los congresistas guindas consideran que es alarmante y grave que se contraten los servicios de consulta de una persona que tiene una estrecha relación con el ejercicio de una presidencia federal corrupta y que, además, existe la presunción de que Meade participó en aquella famosa “Estafa Maestra”, donde inclusive surgieron nombres de algunos connotados chihuahuenses.
Total, que para no hacer más largo este comentario, solo podremos decir que nos sorprendió que fueran los propios diputados del PRI y no los del PAN, los que expresaran su malestar por los señalamientos y quienes se negaron a continuar con el debate.
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Y ya que tocamos temas legislativos, muchas reacciones se suscitaron en contra de la diputada del PAN Isela Martínez Díaz propusiera declarar el “burrito” como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Chihuahua.
Presupuesto que esta propuesta de inmediato provocó que se generaran comentarios adversos, desde aquellos que dijeron que esta iniciativa de ley va a pasar a ocupar un lugar adicional en el descrédito de los diputados locales del PAN en Chihuahua.
Incluso recordaron aquella iniciativa que causó mucho revuelo cuando en la legislatura allá por el año 2000 el diputado Humberto Ramos Molina propuso declarar el «día del caballo» y que fue aprobada por unanimidad.
Y como no recordar aquella iniciativa que presento la diputada Patricia Flores para celebrar el «Día del estilista», propuesta que no solo causo la burla de sus compañeros legisladores, sino el repudio de muchos chihuahuenses.
Y es que este tipo de iniciativas no abonan para nada al desarrollo económico, político y social del Estado, acaso nuestros diputados no están conscientes de que en Chihuahua existen problemas más graves y urgentes que solucionar.
Para estos congresistas el tema de migrantes, educación seguridad, salud, son menos importantes que celebrar el día del burro, válgame, Dios, a estas alturas don Luis H. Álvarez podría estar en su tumba retorciendo de coraje –por como dijo un amigo periodista- por estas vergüenzas legislativas.
