El gobierno Joe Biden lanzó un ultimátum al gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazándolo con emprender una acción legal contra el estado a menos que desista de implementar la polémica legislación SB4 catalogada como racista y en contra de migrantes.
Esta política permitiría a policías de Texas detener y deportar a personas con «apariencia de indocumentados» a partir del 5 de marzo del año entrante.
El procurador general adjunto del departamento de justicia, Bryan Boynton, dirigió una carta personalmente al gobernador Abbott, quién firmó la legislación el pasado 18 de marzo en un acto en la frontera entre Brownsville Texas y México, al pie del muro levantado durante la era Trump.
“Los Estados Unidos intentan entablar una demanda para frenar la aplicación de la SCIM-4 a menos que Texas acepte evitar la implementación de la ley.
«Estados Unidos está comprometido tanto asegurar la frontera como asegurar el procesamiento de no ciudadanos consistente con la ley de inmigración y nacionalidad. La SB4 es contraria a estas metas”, se lee en la misiva.
El procurador general Boytonadvirtió que la SB4 «es inconstitucional y perturbará las operaciones del gobierno federal» por lo que insistió al gobierno de Texas que se abstenga de aplicarla.
Aunque la oficina de Abbott no reaccionó de inmediato, su gobierno ha dejado en claro qué no está preocupado por las demandas en su contra.
Expertos han interpretado un interés de Abbott por llevar el litigio hasta la Corte Suprema de Justicia, a fin de qué los estados del país puedan definir las leyes migratorias sin injerencia del gobierno federal.
De hecho, un día después de la rúbrica de la SB4, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) presentaron una demanda impugnando el Proyecto de Ley sosteniendo la inconstitucionalidad de la SB4.
Otros de los demandantes que impugnan la ley son Las Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways y el condado de El Paso, Texas.
Por su parte, el gobierno de México rechazó la legislación acusando el ignorar requerimientos constitucionales del debido proceso mientras que las agencias policiales de Texas esperan que la ley facilite el combate a los cárteles mexicanos
Expertos en derecho internacional creen que la legislación tejana podría dar lugar a una disputa legal con el gobierno de México, toda vez que los oficiales de Texas podrían enviar hacia territorio mexicano a miles de personas al margen de su estatus migratorio o nacionalidad.
Abbott promulgó también la SB3 que asigna mil 540 millones de dólares para completar el muro de Donald Trump frontera entre Texas y México, además de construir barreras vehiculares y peatonales adicionales.
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