La justicia de El Salvador ha sentenciado a un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) a 460 años de prisión por extorsión agravada, según informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR). Esta es una de las penas más severas impuestas en el país en el marco de la lucha contra las pandillas.
Además del condenado a 460 años, otro miembro de la banda recibió una pena de 360 años, mientras que otros seis pandilleros fueron sentenciados a entre 20 y 60 años de prisión. En su cuenta de X, la FGR detalló que «logró que 8 pandilleros de la MS reciban condenas de hasta 460 años de cárcel por extorsionar a 24 víctimas».
«Con abundantes evidencias, la FGR demostró que los pandilleros exigían a los comerciantes, buseros (propietarios de buses de transporte público) y taxistas entre 40 y 100 dólares mensuales para dejarlos trabajar», añadió la Fiscalía.
Según las investigaciones, los pandilleros cometieron estas extorsiones en las localidades de Guatajiagua, Morazán, Ciudad Barrios, Chapeltique y Moncagua, todas situadas en el oriente del país. Sin embargo, el ministerio público no precisó el período durante el cual se llevaron a cabo estas actividades delictivas.
En julio de 2023, a solicitud del gobierno del presidente Nayib Bukele, el Congreso salvadoreño aprobó reformas legales que permiten la realización de procesos penales masivos contra pandilleros sin necesidad de individualizar las responsabilidades de los acusados. Estas reformas también aumentaron las penas para los cabecillas de pandillas de 45 a 60 años de cárcel y establecieron castigos de entre 20 y 30 años por pertenecer a una banda criminal.
Desde que el gobierno de Bukele declarara una ofensiva contra las pandillas en marzo de 2022, bajo un régimen de excepción cuestionado por organismos humanitarios, las actividades criminales como la extorsión se han reducido drásticamente. Antes de esta «guerra», las pandillas obtenían grandes ingresos a través de extorsiones y la venta de drogas. Aquellos que no pagaban las extorsiones eran amenazados de muerte o asesinados.
En una reciente entrevista, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que mediante la extorsión, «la industria del crimen» de las pandillas generaba anualmente entre 1,500 y 2,000 millones de dólares. Sin embargo, actualmente las extorsiones representan «ni siquiera el 5 por ciento» de esa cifra.
Durante el régimen de excepción, más de 80,000 supuestos pandilleros han sido detenidos, según cifras oficiales. Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno para erradicar la influencia de las pandillas en El Salvador y mejorar la seguridad en el país.
