La ausencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre parece inminente. A pesar de que la presidenta electa de México le extendió una invitación, diversos factores complican la posible asistencia del mandatario.
Genaro Beristain Aguilar, maestro en Estudios Internacionales por la UNAM, afirmó en una entrevista con El Financiero que la razón principal para que Putin no viaje a México no sería la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), sino las preocupaciones sobre su seguridad personal.
Según Beristain, “es poco probable que Vladimir Putin salga de su país, no tanto por miedo a un arresto, sino porque podría ser blanco de un atentado en un lugar donde no controla las medidas de seguridad”.
Ante la probable inasistencia de Putin, Beristain Aguilar sugirió que el secretario de Defensa de Rusia, Serguéi Lavrov, podría asistir en su lugar como representante oficial.
El experto añadió que, a pesar de la presión de Estados Unidos y las críticas de Ucrania, Claudia Sheinbaum no tiene intenciones de retirar la invitación al líder ruso.
Según él, hacerlo podría dañar la imagen diplomática de México y ser visto como un acto de subordinación ante las presiones externas.
En cuanto a la relación de México con Ucrania, Beristain consideró que es poco probable que se vea afectada.
“Ucrania necesita el apoyo internacional, especialmente de países de la OTAN, y no puede permitirse antagonizar con otras naciones, incluyendo México, que mantiene una posición relevante en la escena internacional”, concluyó.
La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Vladimir Putin en marzo de 2023, acusándolo de crímenes de guerra relacionados con la deportación y el “traslado ilegal” de niños desde Ucrania, tras la invasión rusa a ese país.
En respuesta, el gobierno ruso ha rechazado la jurisdicción de la CPI y emitido órdenes de captura contra varios de sus funcionarios, incluyendo a su presidente, Piotr Hofmanski.
El Kremlin ha declarado que considera la orden de arresto como “nula jurídicamente”, reafirmando su rechazo a la legitimidad del tribunal internacional.
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