El próximo mandato de Donald Trump planea implementar deportaciones masivas desde los primeros días de su administración, generando preocupación y debate en Estados Unidos.
Tom Homan, designado como “zar de la frontera” por Trump, confirmó los preparativos en marcha para llevar a cabo esta promesa.
Homan aseguró que los planes para deportar a más de 11 millones de migrantes indocumentados ya están en proceso, sin esperar la toma de posesión en enero.
“No vamos a esperar hasta enero, ya empezamos a planear”, señaló durante una reunión con Greg Abbott, gobernador de Texas, en Eagle Pass, una ciudad clave en la frontera con México.
Abbott, conocido por su Operación Lone Star, ha convertido a Texas en un estado pionero en militarizar la frontera, con tropas y barreras físicas como alambre de concertina.
Homan calificó las medidas de Texas como “un modelo que podemos replicar en todo el país” y prometió culminar “el trabajo que Abbott comenzó”.
Activistas y defensores de los derechos humanos han condenado enérgicamente los planes de deportación masiva, señalando sus posibles consecuencias humanitarias y económicas.
Según el informe de American Immigration Coalition, estas acciones podrían provocar:
Pérdidas económicas significativas, con una caída del PIB anual entre 4.2% y 6.8%.
Impactos de hasta 1.7 billones de dólares anuales.
Además, se teme que las deportaciones masivas agraven la crisis laboral en sectores dependientes de mano de obra migrante, como la agricultura, la construcción y los servicios.
La colaboración entre Abbott y el equipo de Trump refuerza el enfoque militarizado de la frontera sur, pero también genera tensiones con el gobierno federal y los estados que favorecen políticas migratorias más humanitarias. La Operación Lone Star ha sido criticada por su agresividad, mientras que Abbott la defiende como necesaria para la seguridad nacional.
Lograr deportaciones masivas requeriría recursos extraordinarios y enfrentaría múltiples desafíos legales. Además, el impacto social y económico podría dificultar la implementación total de esta política, incluso con un Congreso mayoritariamente republicano.
Aunque la administración entrante parece determinada, el camino hacia una política migratoria tan agresiva está plagado de obstáculos, desde la oposición de grupos defensores hasta las implicaciones económicas que podrían afectar al propio electorado republicano.
ElImparcial
