Por: Rafael Cano Franco / Analista
Cada tres semanas algún político o funcionario público demanda a un periodista por daño moral o violencia política de género, de hecho, en el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hasta diciembre del 2024 que ya corresponde a Claudia Sheinbaum Pardo, se registraron 21 denuncias contra periodistas.
Esas denuncias tienen un claro objetivo: frenar investigaciones periodísticas sobre actividades que implican corrupción, vínculos con grupos criminales, huachicol fiscal o peculado en las cuales estarían involucrados los demandantes.
De acuerdo con el informe anual de la organización “Artículo 19”, se inicia un proceso contra periodistas cada tres semanas y el 28.5 por ciento de esas denuncias sucedieron en el marco electoral del proceso del 2024 por violencia política de género; seis de estas denuncias fueron presentadas por candidatas a un cargo de elección popular.
De lo anterior se infiere que las candidatas en cuestión presentaron esas denuncias tratando de proteger sus intereses.
Esta persecución legal en contra de periodistas es el precio que los reporteros y medios de comunicación terminan pagando por investigar acciones ilícitas y por hacer uso del derecho de libertad de expresión para comunicar la verdad.
Y si bien la persecución legal es una nueva modalidad, eso no significa que las agresiones hayan disminuido.
En 2024 se registraron un total de 639 agresiones contra periodistas, esto es un incremento del 13.9 por ciento respecto del 2023; lo anterior significa que cada 14 horas se registra una agresión, donde se incluyen los cinco periodistas asesinados, uno de ellos ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum.
El acoso judicial contra los periodistas tiende a incrementarse con las legislaciones estatales que se aprueban en entidades como Puebla o con la persecución que hace el gobierno de Campeche contra varios periodistas de esa entidad.
En el caso de las agresiones, el Estado Mexicano se mantuvo como el principal agresor, al registrar 287 casos documentados el 2024 –esto es el 44.9 por ciento del total–.
La misma organización “Artículo 19”, también resaltó que, aunque la incidencia de los ataques a los periodistas muestra una ligera reducción, las conferencias mañaneras –ahora denominadas “Conferencias del Pueblo”—continúan siendo un espacio de agresiones contra el periodismo, donde secciones como “El Detector de Mentiras” facilita las narrativas que estigmatizan y generan enemistad.
Si bien el informe documenta agresiones contra periodistas en todas las entidades del país; destacan la ciudad de México con 170 casos; Guerrero con 51, Veracruz con 42, Puebla con 33 y Guanajuato con 32, siendo los estados con mayores índices de violencia contra periodistas.
También es de reconocer que existe una mejoría en el enfoque de prevención, impartición de justicia y reparación para acabar con la impunidad. Hace una década el 99 por ciento de los casos de agresiones denunciadas quedaban en total impunidad.
Actualmente, el nivel de impunidad se redujo al 84.77 por ciento de los casos de violencia presentados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); la cifra sigue siendo altísima, pero reducir catorce puntos porcentuales es un logro.
Otro aspecto que incide directamente en el trabajo informativo es el llamado “apagón de la trasparencia”, con la desaparición del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se asestó un duro golpe a la rendición de cuentas y a la apertura gubernamental.
Ya no solamente se censura por la vía legal, también se cierra el acceso a las actividades gubernamentales y la forma en la cual se gastan los recursos públicos; lo más lamentables es la falta de claridad sobre los nuevos órganos de gobiernos que asumirán las funciones que correspondían al INAI.
Este informe también cita la llamada “normalización de la tragedia y la transición al olvido” y es que en este punto, el gobierno federal no reconoce el tema de las desapariciones forzadas y la continuidad de estas prácticas, en un contexto donde más de 124 mil personas siguen desaparecidas y más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar en las instalaciones forenses.
A lo anterior se añade la falta de compromiso con las víctimas, el desdén que promueve el gobierno mexicano y como ejemplos están las descalificaciones a víctimas y la censura de archivos claves en el caso Ayotzinapa y la reciente minimización del caso de Teuchitlán.
“Artículo 19” también plantea un debilitamiento sistemático de las instituciones y en este sentido una de las más afectadas es la FEADLE que opera con un presupuesto anual de 18.6 millones de pesos, esto es menos del 0.1 por ciento del presupuesto total de la Fiscalía General de la República.
Esa carencia de recursos presupuestales llevó a la FEADLE a abrir solamente 84 investigaciones el 2024 y dejó cientos de casos de agresiones en manos de fiscalías locales, las cuales están capturadas o responden a los intereses políticos regionales o al crimen organizado, lo cual frena o revictimiza a los periodistas agredidos.
En este contexto nacional, el ejercicio del periodismo no solamente enfrenta los retos propios de la profesión; ahora también debe luchar contra una censura legal, una opacidad gubernamental en aumento y un debilitamiento de las instituciones que quita recursos y les niega el acceso a la procuración de justicia.
