Genaro García Luna ha colaborado con el cartel de Sinaloa durante casi 20 años, incluso después de que fue detenido en Estados Unidos en 2019. Así lo ha afirmado la Fiscalía del distrito Este de Nueva York en una carta enviada a la corte para que avance el caso judicial contra el exsecretario de Seguridad y jefe de la Policía de México. Los abogados de García Luna han asegurado que la acusación contra su cliente es frágil porque abandonó la vida pública al concluir el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y han pedido que se desechen los cargos en su contra bajo el argumento de que ya han prescrito.
El futuro del caso contra García Luna depende de la disputa entre ambas partes en torno a cuánto tiempo han durado los supuestos lazos del exjefe de la Policía con el grupo criminal más influyente de las últimas décadas. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario empezó a trabajar para la organización de Joaquín El Chapo Guzmán desde que asumió como director de la Agencia de Investigación Criminal durante la Administración de Vicente Fox, en enero de 2001, y que esos vínculos se han mantenido hasta julio de 2020. “El acusado conspiró con miembros del cartel de Sinaloa, al aceptar sobornos y ayudarles en sus actividades de tráfico de drogas”, se lee en el último documento presentado ante la corte.
Los fiscales han afirmado que abundan los ejemplos de cómo García Luna facilitó las actividades criminales y se mantuvo como un contacto de primer nivel del cartel. Han señalado, por ejemplo, que el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico no interfirió en el envío de cargamentos de varias toneladas de narcóticos de Sinaloa con destino a Estados Unidos y que filtró información sensible de operaciones policiales para evitar que sus líderes fueran capturados. El exfuncionario, en cambio, se concentró en perseguir a capos rivales y colocó a servidores públicos corruptos en posiciones de poder en zonas que eran controladas por la organización delincuencial, se asegura en el documento.
Las autoridades estadounidenses han asegurado que tienen 15 testigos con experiencia en tareas de Seguridad y otros seis testimonios potenciales de testigos colaboradores para respaldar sus acusaciones. Los fiscales han mostrado parte de sus cartas como respuesta a los reclamos de los abogados de García Luna de que no se le han facilitado todas las pruebas en su contra para poder construir una defensa efectiva. “Estos materiales, que incluyen cientos de notas de reuniones con potenciales testigos colaboradores, contienen información relevante sobre el cartel de Sinaloa, sus miembros, sus métodos de operaciones, incluso el amplio uso de sobornos”, han señalado. La información recopilada, dice la Fiscalía, detalla cuántos sobornos recibió, qué hizo a cambio de ese dinero y qué otros servidores públicos están salpicados por el esquema corrupto. Las autoridades afirmaron que García Luna recibió varios millones de dólares del narcotráfico.
García Luna pide que se retiren cuatro cargos en su contra relacionados con el tráfico de cocaína y su pertenencia a organizaciones del narcotráfico. Sus abogados dicen que las acusaciones se basan en la hipótesis de que sacó ventaja de su posición en el Gobierno de Fox y de Calderón, pero aseguran que se desmoronan si se considera que su cliente no ha ocupado ningún cargo de relevancia en las Administraciones que vinieron. “Es evidente que al retirarse de la vida pública y abandonar México en 2012, el señor García Luna se retiró de cualquier supuesta conspiración”, afirma la defensa.
La defensa señala que el punto clave es que los delitos reclamados prescriben después de cinco años y que el exfuncionario fue recién acusado hasta 2019, tras su arresto en Dallas, siete años después de su retiro de la política. “Dada la prominencia de su cargo, es obvio que los miembros del cartel de Sinaloa que supuestamente se beneficiaron de la poderosa posición que ocupó el señor García Luna entendieron que esos beneficios se acabaron con su renuncia”, se lee en un escrito presentado por los abogados.
La base de la Fiscalía para decir que García Luna siguió colaborando con el cartel es que mintió en una declaración migratoria presentada en 2018 en la que aseguró que no había cometido ningún delito y una grabación de mediados de 2020 con un falso sicario de la mafia rusa que se ha presentado como evidencia de que intentó deshacerse de testigos clave en el caso. En el audio, García Luna supuestamente habla con un compañero de celda que lo espió a pedido de la Fiscalía sobre cómo “matar a las familias” de quienes colaboren con las autoridades.
Los abogados de García Luna tienen hasta el próximo miércoles para presentar un contraargumento. También es posible que el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a El Chapo a cadena perpetua en 2019, ordene una audiencia a mediados de noviembre para definir si procede el pedido de que se deseche el caso o no. En agosto pasado, tras múltiples prórrogas y salvo que se alcance un acuerdo entre ambas partes, Cogan fijó el inicio para enero del próximo año.
ElPaís
