Con 362 votos del bloque oficialista a favor y 133 de la oposición en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional para el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
Legisladores de los diversos grupos parlamentarios presentaron 433 reservas al dictamen para su discusión en lo particular.
En medio de pancartas y descalificaciones, las bancadas del PAN, PRI y MC acusaron a las fracciones de la llamada cuarta transformación de militarizar la seguridad pública, mientras morenistas y petistas defendieron la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde la tribuna, en representación de Morena, la diputada Clara Luz Flores justificó la participación militar en las acciones contra la delincuencia.
“Aquí que levante la mano quienes no reconocemos las labores de las fuerzas armadas, quienes no hemos necesitado alguna vez de las labores de las fuerzas armadas, precisamente por eso ustedes y yo sabemos que en el 2018 se necesitaba una policía con valores y principios, con espíritu de cuerpo, después de una policía que se encontraba corrompida tras 12 años de ser manejada por el narcotráfico en todos sus niveles como ya se ha demostrado”, dijo.
Por el PAN, el diputado Agustín Rodríguez cuestionó la incongruencia de los representantes del oficialismo que hasta hace siete años rechazaban la militarización de la seguridad pública.
“Por eso sería oportuno preguntarle en estos días a la senadora Ernestina Godoy, próxima titular de la Consejería Jurídica, o a la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, o a los gobernadores electos Rocío Nahle y Alejandro Armenta o a los gobernadores Cuitláhuac García y Alfonso Durazo si acaso en esta ocasión, siendo congruentes con su voto de noviembre de 2012 y noviembre de 2017, volverían a votar en contra de la militarización del país o si aplicarían la reforma, porque estoy haciendo justicia en los bueyes de mi compadre”, remarcó.
Entre otros aspectos, el proyecto de reformas y adiciones a 12 artículos de la Constitución suprime la denominación de “institución policial de carácter civil” y define a la Guardia Nacional como “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
Otorga asimismo a la corporación la facultad constitucional de investigar los delitos.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, señala.
Establece además que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública.
Durante la discusión en lo general, el legislador panista, Miguel Ángel Monraz, y una decena de sus correligionarios exhibieron en tribuna carteles con fotografías del presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, cuando se oponían a la militarización de la seguridad.
“¡Qué falta de memoria!, memoria selectiva, porque no se acuerdan de esos momentos cuando se desgarraban las vestiduras por la presencia de los militares en la calle. Este gobierno de la cuarta deformación se ha convertido en el gobierno de los muertos, en el gobierno de los desaparecidos, cómplices de la delincuencia; es el gobierno más violento de la era moderna, su estrategia de seguridad es un fracaso y presagia un futuro más sangriento y más violento”, puntualizó.
Desde sus curules, morenistas y petistas increpaban al orador, para después trasladarse hasta el pie de la tribuna y mostrar pancartas con frases como “García Luna = PAN”, “Calderón sí sabía” y “Seguridad y transformación”, mientras la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, llamaba al orden.
Previamente, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, encabezado por Ivonne Ortega, desplegó sobre sus curules una lona gigante con la consigna “México con justicia y paz. No a la militarización”.
Al comienzo de la sesión, los diputados de la bancada naranja colocaron sobre sus curules cartulinas adornadas con palomas blancas de papel, en las que se lee “Queremos paz. No a la militarización”.
La reforma para cambiar la adscripción de la Guardia Nacional suprime la denominación de “institución policial de carácter civil” y define a la corporación como “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional”.
Le otorga asimismo la facultad constitucional de investigar los delitos, bajo la coordinación del Ministerio Público.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, señala.
Establece además que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública.
En la exposición de la iniciativa de reforma constitucional, el Ejecutivo sostuvo que el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa tiene como propósito hacer frente a la violencia e inseguridad generadas principalmente por el crimen organizado.
Se busca que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa, “desde luego no con funciones de ejército en estado de guerra, ni de excepción, sino precisamente regida por normas y principios de seguridad pública que, contrario al uso de las fuerzas armadas del pasado, están obligadas a respetar los derechos humanos y solo actúan en el marco de la ley”, señala.
Milenio
