En las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (CC-SEA), donde se aprobó por unanimidad la Política Estatal Anticorrupción (PEA).
Esto significa un gran logro para el Estado, pues es la culminación de un largo proceso de análisis, diagnóstico, propuestas y trabajo coordinado, que concluyó en el consenso de todos los entes miembros del Comité Coordinador.
La PEA contribuye con el bienestar de la sociedad chihuahuense, ya que posibilita no únicamente combatir, sino prevenir los actos de corrupción mediante controles rigurosos, sanciones ejemplares y una promoción de la cultura de la integridad, la justicia y la ética, al interior de las instituciones públicas.
En su participación, la secretaria de la Función Pública, María de los Ángeles Hurtado, afirmó de forma categórica que en las instituciones públicas estatales y en esta Administración, “no queremos hacer promesas falaces».
“¡Queremos acciones reales y tangibles, apegadas a nuestras atribuciones legales y responsabilidades éticas, así como a nuestras capacidades materiales y presupuestarias!”, enfatizó.
Dijo que la aprobación de la PEA redunda necesariamente en la disminución de la impunidad y garantiza que el uso de los recursos, sea optimizado en favor del mejoramiento en la calidad de los servicios públicos.
Esta política, añadió, tiene mucha relevancia, ya que se alinea a la Política Nacional Anticorrupción, lo cual representa un claro esfuerzo en el combate a la corrupción.
Lo anterior, quiere decir que las instituciones públicas del Estado están encaminadas a construir un México más próspero y humanista, cuyo enfoque es resolver un problema que afecta profundamente a este país.
“Una política como esta debe ser parte de una visión más amplia, que integren gobierno y sociedad para un solo fin, el bien común, y se materialice en acciones tangibles para que cobre vida”, comentó la secretaria Álvarez.
“La aprobación de la PEA empodera a los ciudadanos para vigilar las acciones de las instituciones públicas y sus servidores, mediante el establecimiento de normas y mecanismos que facilitan la divulgación de información de interés público, lo cual fortalece el Estado de Derecho y hace que las instituciones se vuelvan más confiables”.
Álvarez celebró enormemente que por fin se han dado las condiciones para integrar una propuesta efectiva como ésta, y que hoy, con la urgencia que demanda reforzar las tareas institucionales, se haya aprobado una Política Estatal Anticorrupción.
En la Sesión también estuvieron presentes los demás integrantes del Comité Coordinador del SEA, como Héctor Alberto Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado; Luis Abelardo Valenzuela Ortiz, fiscal Anticorrupción y Amelia Lucía Martínez Portillo, comisionada Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip).
Además de Mayra Aída Arróniz Ávila, magistrada Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; Myriam Victoria Hernández Acosta, magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Miguel Salvador Gómez, presidente del Comité Coordinador del SEA y Héctor José Villanueva Escamilla, encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del SEA.
