Australia aprobó este jueves una histórica ley que prohíbe el acceso a redes sociales a niños menores de 16 años, marcando un precedente en la regulación de plataformas digitales. La norma, que entrará en vigor en noviembre de 2025, establece controles estrictos para garantizar que los menores no puedan acceder a estas aplicaciones, imponiendo sanciones de hasta 49.5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares) para las empresas que incumplan.
El proyecto de ley, respaldado por el gobierno laborista del primer ministro Anthony Albanese y la oposición conservadora, busca enfrentar los riesgos para la salud física y mental de los jóvenes en un entorno digital. La aprobación final en el Senado, tras un acalorado debate parlamentario, posiciona a Australia como líder en medidas de control sobre grandes tecnologías, un tema que resuena globalmente.
Un sistema pionero de verificación de edad
Para implementar la prohibición, Australia probará un innovador sistema de verificación de edad entre enero y marzo de 2025. Este ensayo, uno de los mayores en su tipo, involucrará a 1,200 participantes y evaluará diversas tecnologías, como análisis biométricos de videos, verificación de documentos de identificación y métodos de inferencia basados en datos electrónicos.
El director general de KJR, Andrew Hammond, empresa contratada para liderar el estudio, destacó que el objetivo es anticiparse a las estrategias de los menores para evadir controles. «Los niños son ingeniosos, y debemos estar un paso adelante», afirmó.
Aunque gigantes tecnológicos como Google y Meta han solicitado retrasar la aplicación de la norma hasta después de los ensayos, el gobierno ha dejado claro que las plataformas deberán demostrar que están tomando «medidas razonables» para proteger a los menores o enfrentarán severas penalizaciones.
Controversias y retos
La ley no está exenta de críticas. Plataformas como TikTok y X (antes Twitter) han expresado preocupaciones sobre la viabilidad y posibles implicaciones de privacidad. Incluso legisladores de la oposición advirtieron sobre el riesgo de que el sistema de verificación se convierta en un mecanismo de vigilancia masiva, un temor compartido por el empresario Elon Musk, propietario de X.
Sin embargo, la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowlands, aseguró que la norma no implicará la entrega de datos personales a las empresas y que se exigirán alternativas a los métodos tradicionales de verificación de edad.
