- A río revuelto ganancia de abusones
- Dejaron la víbora chillando en Canacintra
- Siguen las interrogantes sobre el BRT 1 y 2
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El saldo violento que dejó la marcha 8M en la capital del estado se politizó más que los temas que aborda AMLO todos los días en el pódium mañanero. Azules, rojos, guindas y hasta descoloridos del sector social, educativo y privado entraron en acaloradas discusiones en las redes sociales y los medios por el tema de la marcha violenta.
Todos los opinadores del tema le dieron un alto contenido político al resultado de la conmemoración del día internacional de la mujer del pasado miércoles 8 de marzo.
La legítima manifestación de las ideas, de las inconformidades y denuncias que realizaron diversos colectivos tuvieron, como suele pasar, el acompañamiento de algunos grupos reducidos, pero que se caracterizan por realizar acciones que causan daños al patrimonio público y privado, tal y como ocurrió cuando quemaron la casa de gobierno estatal.
Esas acciones se pueden catalogar como un río revuelto e inmediatamente aparecieron los jilgueros de los diferentes grupos políticos que no desaprovecharon la ocasión para lanzarse culpas mutuas, al grado de que el dirigente estatal del PAN Gabo Díaz mencionó que algunos opositores habían infiltrado incluso hombres en la marcha, para violentar la conmemoración.
Lo cierto es que ya hay dos personas detenidas a los que se les van a cargar todas las pulgas.
Este uso de la marcha del 8M que realizaron los partidos políticos para lanzarse acusaciones mutuas, es solamente una probadita de lo que serán testigos los chihuahuenses cuando desde el principio del 2024 arranquen las campañas constitucionales, y como dicen en el box, se estarán dando hasta con la cubeta.
Y esto sólo contribuirá a que el ambiente político se vuelva más denso porque los chihuahuenses no hallarán a quien creerle. Pero ya veremos qué pasa en los próximos meses.
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Regresando con el tema de Canacintra, la elección del pasado 15 de febrero de Cámara, en la cual, la empresaria Claudia García no pudo reunir todos los requisitos para contender en la justa interna, no la dejó nada conforme y se fue directito a buscar la protección de la autoridad federal para tratar de echar abajo la elección en donde salió elegida Isela Molina, la ahijada política de Thor Salayandía.
Por lo que hoy se sabe, Claudia promovió un juicio de amparo indirecto en contra del proceso interno de elección de presidente de Canacintra, con el fin de invalidar a la nueva directiva y a la presidenta.
No pudo ser candidata por dos razones. En primera no pagó las cuotas de sus dos empresas por los dos años que dicen los estatutos. Para postularse tuvo que “pedir prestada” una razón social de una empresa que sí tenía sus cuotas a tiempo.
En segunda, no cumplía con el requisito de ser o haber sido consejera nacional de Canacintra. Y es que ella es más Canaco que Canacintra. Por eso no tiene carrera entre los industriales. Por eso nadie la sigue.
Le dieron una especie de precandidatura a la presidencia, con la condición de que los socios de la Canacintra la eligieran consejera nacional en la misma elección en la que podría competir por la presidencia local.
Por lo que ayer circuló un comunicado de la cámara donde se pide a todos los actores someterse a la decisión jurisdiccional del amparo directo, y que en el inter no vayan a lanzar calificativos que demeriten la imagen del organismo, y que de lo contrario su actuar será sometido a la sanción correspondiente que impone el estatuto de ese organismo empresarial.
Los columnistas de Cañonazos por más que voltean a ver hacia a atrás, todavía no alcanzan a recordar un proceso de una cámara empresarial que haya llegado al nivel de un juicio de amparo indirecto, por lo que se está sentando un precedente, ya que Claudia García no recurrió a los órganos internos y se fue directamente a los jurisdiccionales.
Ya veremos en que termina este tema y sobre todo la inconformidad de la excandidata a la dirigencia local y de su padrino Raúl de León Arpraez.
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Para algunos de los usuarios del transporte público que les gusta conocer más a fondo los proyectos del gobierno y de los concesionarios que tienen que ver con el transporte semimasivo, aún tienen muchas preguntas por hacer.
Lo único que ha quedado claro es que el gobierno estatal a través de un fidecomiso otorgará un crédito muy blando hasta por 250 mil pesos para que este recurso forme parte del enganche de los camiones que se afirma serán nuevos, mínimo modelo 2023.
Entre las interrogantes están: ¿qué tipo y qué financiera se hará cargo de otorgar el crédito a los concesionarios?; ¿el gobierno del estado se convertirá en aval de los concesionarios frente a las financieras? ¿En qué fecha entrará en uso pleno con camiones nuevos el BRT 1 y el BRT 2?
¿Qué empresa se hará cargo de ambas rutas troncales? O en su caso, ¿será el esquema tradicional hombre-camión?
Todas estas interrogantes hacen que los usuarios del transporte público estén en la incertidumbre y; además, quienes tienen vehículos particulares también quieren ver el funcionamiento al cien por ciento de estas dos rutas.
Así de una vez por todas los viejos armatostes escolares salgan cuando menos de las avenidas principales como son avenida Tecnológico, Triunfo de la República, 16 de Septiembre, eje vial Juan Gabriel, Bulevar Zaragoza, Henequén, entre otras.
