-Regidores del PT, entre la lealtad a los Aguilar y la incertidumbre política en Juárez
La desatención de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) desde la ciudad de Chihuahua hacia los ciudadanos de Ciudad Juárez vuelve a quedar en evidencia ante las constantes molestias de quienes acuden a las oficinas locales, ubicadas en Pueblito Mexicano, para realizar pagos relacionados con créditos de materiales.
De acuerdo con los afectados, desde hace tres días el sistema que depende de Chihuahua permanece sin habilitarse para efectuar estos trámites, dejando a los usuarios en la incertidumbre y sin una respuesta clara sobre cuándo podrán ser atendidos.
La situación refleja una preocupante falta de coordinación por parte del director general de la dependencia estatal, José Antonio Chávez y de consideración hacia las personas que dependen de estos servicios.
El problema se agrava porque la delegación de Juárez ya tiene personas agendadas que acuden puntualmente a cumplir con sus obligaciones, pero terminan encontrándose con la misma respuesta: el sistema todavía no está disponible.
Los ciudadanos señalan que primero les aseguran que estará habilitado a las 10 de la mañana, después les dicen que a las 12 y, al final, pasan los días sin que se resuelva el inconveniente.
¿Cómo se puede justificar que una dependencia pública mantenga a sus usuarios esperando durante tres días sin ofrecer información precisa ni una solución concreta? La falta de certeza no solo genera enojo, también evidencia deficiencias en la atención y la organización administrativa.
A esta situación se suma el gasto que representa para muchas familias trasladarse hasta Pueblito Mexicano; algunos usuarios tienen que pagar transporte de alquiler para llegar a las oficinas y, después de invertir tiempo y dinero, reciben la noticia de que desde Chihuahua no han habilitado el sistema para los materiales.
Lo más cuestionable es que, aparentemente, no existe un mecanismo eficaz para avisarles con anticipación que no podrán realizar sus trámites. En una época en la que existen múltiples medios de comunicación, resulta inadmisible que los ciudadanos tengan que enterarse hasta llegar a la ventanilla de que su visita fue en vano.
La institución debe entender que detrás de cada trámite hay necesidades, recursos limitados y compromisos que las familias buscan cumplir.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el centralismo con el que operan algunas dependencias estatales, donde las decisiones administrativas tomadas en Chihuahua terminan afectando directamente a quienes viven en Ciudad Juárez.
La Coesvi tiene la responsabilidad de facilitar el acceso a los créditos de materiales, no de convertirlos en un recorrido de obstáculos burocráticos. Si el sistema no funciona, corresponde a la institución informar oportunamente, coordinarse con su delegación y establecer alternativas para evitar más perjuicios a los usuarios.
La ciudadanía no pide privilegios: exige respeto, organización y un servicio público que responda a sus necesidades. La pregunta es inevitable: ¿quién se hace responsable del tiempo perdido, del dinero gastado y de la molestia de quienes únicamente buscan cumplir con sus pagos?
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En la política juarense hay silencios que dicen más que cualquier discurso, y los regidores del Partido del Trabajo (PT), Pedro Matus y Hugo Avitia, parecen encontrarse precisamente en esa zona de indefinición. Mientras el escenario rumbo a las próximas elecciones comienza a tomar forma, ambos ediles mantienen la incertidumbre sobre si respaldarán a Cruz Pérez Cuéllar o seguirán la ruta política trazada por su propio partido, donde la diputada federal Lilia Aguilar ha manifestado su respaldo a Andrea Chávez.
Por ahora, la postura de los regidores no termina de quedar clara, y esa falta de definición alimenta las interrogantes sobre sus verdaderas prioridades políticas.
El panorama se complicó después de que Andrea Chávez no obtuviera la coordinación de la Defensa de la Transformación en Chihuahua, un episodio que modificó las expectativas de quienes veían en ese movimiento una ruta para consolidar su proyecto político.
Sin embargo, el respaldo hacia la senadora no necesariamente desaparece por un revés interno, y las señales de los distintos grupos deberán leerse con cautela; en este contexto, Lilia Aguilar y el PT mantienen sus propios intereses y estrategias, mientras sigue pendiente la definición sobre una eventual coalición con Morena y el Partido Verde.
La pregunta es si los actores locales actuarán con una postura pública y transparente o preferirán esperar hasta que las negociaciones les indiquen cuál es el camino más conveniente.
En medio de este ajedrez político, Pedro Matus y Hugo Avitia enfrentan una disyuntiva que va más allá de una simple diferencia de nombres: tendrán que demostrar si sus decisiones responden a una estrategia partidista, a sus convicciones políticas o a los acuerdos que puedan construirse rumbo a la siguiente administración municipal.
El peso del grupo encabezado por la familia Aguilar dentro del PT es parte de la discusión política, pero también cabe preguntarse cuánto margen de decisión tienen los representantes locales frente a las dirigencias y los liderazgos de su partido.
En un sistema democrático, la lealtad partidista no debería estar por encima de la obligación de explicar a la ciudadanía qué proyectos respaldan y por qué.
Las posibles candidaturas y los cargos futuros pueden convertirse en parte de las especulaciones, pero sin definiciones públicas no dejan de ser eso: especulaciones.
Conforme se acerque el proceso electoral, las ambigüedades tendrán que dar paso a posiciones más claras. Si los regidores deciden respaldar a Cruz Pérez Cuéllar, deberán explicar qué los lleva a apostar por la unidad; si optan por mantenerse alineados con la estrategia del PT en favor de Andrea Chávez, también tendrán que asumir públicamente esa decisión.
Lo que difícilmente podrán sostener indefinidamente es una postura en la que todos los escenarios permanezcan abiertos mientras se calculan los beneficios políticos de cada alternativa.
La ciudadanía merece saber qué representan sus regidores y cuáles son sus compromisos, no enterarse de sus lealtades hasta que las candidaturas estén repartidas.
Al final, la verdadera prueba para Matus y Avitia no será elegir un bando cuando ya no haya margen de maniobra, sino demostrar que su actuación política responde a principios y no únicamente a la conveniencia del momento.
