En el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se afirmó que las violaciones generalizadas de derechos humanos que el Gobierno de Nicaragua está cometiendo constituyen a crímenes de lesa humanidad contra nicaragüenses con voz política.
El panel, compuesto por tres expertos, acusó al gobierno de Daniel Ortega de haber cometido y seguir cometiendo abusos hacia las garantías individuales de los civiles, que van desde ejecuciones extrajudiciales y tortura hasta la privación de la nacionalidad y el exilio fuera del país. Estas acciones, de acuerdo con el grupo, no constituyen a un fenómeno asilado, sino que son el “producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
“Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, aseguró el experto Jan Simón.
Agregó, que “el objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
En el informe se precisó un patrón de ejecuciones extrajudiciales por agentes de la Policía Nacional contra manifestantes en las protestas de 2018. También identificó que el Sistema Penitenciario Nacional cometió “actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género”. Asimismo, se determinó que el gobierno nicaragüense ha utilizado las detenciones arbitrarias, sin orden judicial, para silenciar a los críticos de Ortega.
“Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país”, declaró la experta Ángela María Buitrago.
En febrero de este año, las autoridades nicaragüenses despojaron de su nacionalidad a 222 ciudadanos, entre ellos escritores, periodistas, activistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.
Semanas después, la Corte de Apelaciones de Managua señaló como “traidores de la patria” a otras 94 personas, quitándoles su nacionalidad y ordenando el decomiso sus bienes a beneficio del Estado.
El Grupo concluyó que el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo han puesto en práctica estos crímenes, y a la fecha continúan haciéndolo. De igual manera, pidió al gobierno del país centroamericano liberar a todas las personas a las que se le privó su libertad, así como a emprender investigaciones de los abusos y delitos cometidos.
“Hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con esta información para tomar acción”, finalizó Jan Simon, instando a que se inicien acciones legales contra los individuos e instituciones involucradas en las violaciones.
Aristegui
