Ciudad de México — La implementación obligatoria de la CURP biométrica ha encendido las alarmas entre especialistas en derecho y privacidad. Para Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, esta medida representa una peligrosa concentración de datos personales en manos del Ejecutivo federal.
Con la desaparición del INAI, el gobierno no solo controla los datos, sino que ahora es juez y parte en su protección. Villanueva advirtió que esta práctica va en contra de los estándares democráticos internacionales y puede facilitar formas de vigilancia masiva, incluso sobre menores de edad.
“La fe no puede sustituir al mandato legal”, sentenció el especialista en entrevista con Imagen Radio.
Además, cuestionó que el uso obligatorio del documento sea requisito para acceder a bienes y servicios. Para Villanueva, el país está en un momento crítico donde las garantías individuales deben ser reforzadas, no debilitadas.
