El reciente reporte de propietarios de bares, cantinas, antros y terrazas, que denuncian el cobro de cuotas o extorsiones por parte de agentes de gobernación estatal, es una muestra más del grave problema de corrupción que aqueja a nuestra ciudad y que pone en riesgo la seguridad y el desarrollo de nuestra frontera.
Según los testimonios, los agentes de gobernación, acompañados de inspectores locales, exigen pagos semanales que van desde los 5,000 hasta los 20,000 pesos por negocio, bajo la amenaza de clausurarlos si no acceden a sus demandas. Esta práctica ilegal y abusiva no solo afecta la economía de los empresarios honestos, sino que también favorece la impunidad y la violencia de los negocios que operan fuera de la ley y que están relacionados con el crimen organizado.
Es inadmisible que las autoridades encargadas de velar por el orden y el cumplimiento de la normatividad se conviertan en los principales violadores de la ley y en los cómplices de la delincuencia.
Esta situación genera un clima de inseguridad y desconfianza, además, vulnera los derechos y las garantías de los comerciantes, que se ven sometidos al chantaje y la extorsión de quienes deberían protegerlos.
Ante este escenario, es urgente que se realice una investigación exhaustiva y transparente de estas denuncias, que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables y que se implementen mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar que se repitan estos actos de corrupción por parte del estado.
Asimismo, es necesario que se fortalezca el estado de derecho y se fomente una cultura de la legalidad, que permita a los empresarios trabajar en un ambiente de seguridad y certeza jurídica, y que contribuya al desarrollo económico y social de la entidad.
La corrupción y la extorsión en gobernación estatal no solo son un atentado contra la seguridad y el desarrollo de Ciudad Juárez, sino también una afrenta a la dignidad de los comerciantes y empresarios fronterizos.
No deben permitir que estos hechos queden impunes y que se siga los derechos de los inversionistas. Es hora de que el comercio organizado exige a las autoridades que cumplan con su deber y que rindan cuentas.
