La organización, asentada en la provincia de Barcelona, se dedicaba al cultivo y posterior venta de grandes partidas de marihuana y utilizaba sofisticados sistemas de ingeniería eléctrica para eludir posibles acciones policiales.
La investigación se inició en 2021 cuando los investigadores detectaron que la presencia de varias personas que, presuntamente, daban cobertura a una organización criminal de origen albanés dedicada al tráfico de estupefacientes para su asentamiento en Cataluña.
Tras varias pesquisas, los agentes detectaron que el principal intermediario era un ciudadano con altos conocimientos en el sector inmobiliario, quien previo cobro de una comisión, ayudaba a esta red criminal a asentarse en España. Para ello les dotaba de la logística e infraestructura
necesaria, arrendando diferentes naves ubicadas en polígonos aislados, donde cultivaban marihuana de forma masiva que posteriormente distribuían en distintos países de Europa.
Para el mantenimiento de estas plantaciones de marihuana, señala el departamento público, los detenidos necesitaban una gran cantidad de fluido eléctrico, el cual obtenían de manera ilícita.
Dicha defraudación la ocultaban mediante un sofisticado sistema de ingeniería eléctrica que dificultaba la investigación policial, poniendo al mismo tiempo en peligro las propiedades colindantes por el alto riesgo de incendio de estas instalaciones.
Con estas medidas, según los investigadores, habrían pasado inadvertidos durante los últimos años hasta que, tras un año de investigación, los agentes llevaron a cabo nueve entradas y registros en naves y domicilios de los investigados, repartidos por diversas localidades de la provincia de Barcelona.
Entre los efectos intervenidos se encuentran más de 4.000 plantas de marihuana, más de 10.000 euros en efectivo, seis terminales móviles, documentación variada y numeroso material que utilizaban en las plantaciones como ventiladores, aires acondicionados, filtros y extractores.
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