La policía detuvo el miércoles al gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, principal opositor del gobierno de Luis Arce, quien lideró hace un mes un paro de 36 días para exigir que el censo de población se haga en 2023 y que su región pueda tener más peso político. Camacho tiene varios procesos penales abiertos en su contra.
“Informamos al pueblo boliviano que la policía ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, confirmó escuetamente el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, en su cuenta de Twitter. No se dio información oficial sobre los cargos con los que se justificó judicialmente la detención, que fue ordenada por la Fiscalía.
El abogado Martín Camacho declaró al diario de Santa Cruz El Deber que su cliente fue interceptado en su coche por la fuerza por agentes policiales cuando regresaba a su domicilio pasado el mediodía del miércoles. Según el defensor, Camacho era trasladado a La Paz para responder a los requerimientos en su contra.
Camacho es líder de la alianza opositora Creemos y en el último tiempo ha pasado a convertirse en el principal opositor del presidente Luis Arce. En noviembre lideró un paro en contra del gobierno de Luis Arce para exigir que el censo de población se realice en 2023 para permitir que su región tenga más escaños en el legislativo y con ello mayor fuerza en las decisiones políticas del país.
El gobernador de Santa Cruz, provincia considerada la locomotora económica del país y reducto de la oposición, tiene acusaciones por sedición, por traición a la patria, por corrupción, malversación e, incluso, una por una violación ocurrida hace tres décadas.
Desde su región, dirigió masivas protestas que obligaron a dimitir en 2019 al presidente Evo Morales, tras unas elecciones fallidas señaladas de fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA). Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo en esos comicios.
La oposición ha denunciado persecución en contra de los líderes opositores que encabezaron la revuelta de 2019, entre ellas, la presidenta interina Jeanine Áñez que fue condenada a diez de prisión por esos hechos.
El estallido social de entonces cobró la vida de 37 manifestantes y sumió al país en la más grave crisis política de los últimos años.
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