El Gobierno peruano celebró este jueves la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para enviar una delegación al país y analizar su crisis política que, confía, podrá superarse con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, cuya aplicación solicitó el presidente Pedro Castillo.
La resolución de la OEA, sin embargo, fue en cierto modo minimizada por el presidente del Congreso, el conservador José Williams, quien indicó que sea cual sea la decisión que tome el organismo regional «de ninguna manera va a afectar» los procesos que siguen en marcha en el Parlamento, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En una sesión extraordinaria celebrada en Washington a petición de Castillo, que solicitó a la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante lo que califica como nueva modalidad de «golpe de Estado» contra su Gobierno, el Consejo Permanente de la OEA acordó enviar una misión a Perú para evaluar su situación.
Antes de la votación, el canciller peruano, César Landa, intervino ante el pleno, donde advirtió que, «de no ser corregida a tiempo», la coyuntura actual del país andino «podría ocasionar que se cuestione el orden democrático».
En la sesión, el organismo regional adoptó por aclamación la resolución de «respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú» que, a los ojos del primer ministro, Aníbal Torres, expresa «la solidaridad y el respaldo» de la OEA al Ejecutivo de Castillo.
A través de sus redes sociales, Torres saludó la decisión del organismo y dijo esperar «la pronta visita de su comisión» en el país.
Sobre la resolución también se pronunció la Cancillería, que aseguró que el envío del grupo de alto nivel de la OEA en Perú «permitirá superar la grave crisis» política que azota al país.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, comentó que «el diálogo es la única vía para el fortalecimiento del sistema democrático» y exhortó a todas las autoridades del país a «contribuir a hacerlo posible».
Castillo, en cambio, se ha mantenido en silencio respecto a este asunto desde la noche del miércoles, cuando en un mensaje a la Nación denunció un «complot» entre ciertos sectores de la oposición política, el Poder Judicial y la prensa para sacarlo del poder mediante una «modalidad de nuevo golpe de Estado».
El mandatario había formalizado su petición a la OEA la semana pasada, luego de que la fiscal general, Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por presuntamente liderar una supuesta organización criminal que, según el Ministerio Público, tiene el propósito de amañar contrataciones de obras públicas para obtener ganancias ilícitas.
El jefe de Estado, quien asumió el cargo en julio de 2021, defiende que el artículo 117 de la Constitución peruana no permite que el presidente en funciones sea acusado por delitos de corrupción o comunes y sostiene, por tanto, que esta denuncia es «ilegal e inconstitucional».
Mientras el Consejo Permanente llevaba a cabo su sesión extraordinaria, el titular del Legislativo envió una misiva a la OEA para alertar de las supuestas intenciones de Castillo de «desinformar» a los Estados miembro del organismo con sus argumentos para activar la Carta Democrática.
Williams dijo que las afirmaciones del mandatario «no se ajustan a la realidad y carecen del contexto necesario» y aseguró que la denuncia constitucional contra Castillo está siendo sometida al «análisis jurídico correspondiente», en línea con lo que establece la Constitución.
«Como titular del Poder Legislativo, debo manifestar que me preocupa profundamente que el presidente Castillo esté usando un mecanismo como la Carta Democrática con el fin de encubrir y de obstaculizar las seis investigaciones penales que pesan en su contra», manifestó.
Más tarde, en un pronunciamiento de la Mesa Directiva del Parlamento, Williams indicó que desde el Parlamento están dispuestos a recibir la misión de la OEA, pero advirtió que «eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos o procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano».
Agencia EFE
