El estado de Florida desató polémica al aprobar una ley que permite el castigo corporal en escuelas públicas y charter, siempre que exista el consentimiento expreso de los padres. La norma entró en vigor el pasado 1 de julio bajo el nombre HB 1255.
Con esta medida, Florida se suma a los 14 estados que aún permiten esta práctica, aunque ahora bajo un modelo de autorización parental, ya sea para todo el ciclo escolar o para cada incidente específico.
Defensores de la ley, como la legisladora Dana Trabulsy, aseguran que se trata de un compromiso que busca equilibrar la disciplina tradicional con la supervisión familiar. En contraste, críticos como Katie Becker, directora de Parenting Matters, argumentan que el castigo corporal “no pertenece en las escuelas, públicas o privadas”.
Datos oficiales revelan que en el ciclo escolar 2023-2024 se registraron 516 casos de castigo corporal en 17 distritos escolares. Además, un 40 % de los castigados fueron estudiantes con discapacidades, pese a representar solo el 20 % de la matrícula, lo que evidencia un trato desproporcionado.
El debate no es nuevo. En 1977, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó en el caso Ingraham v. Wright que esta práctica no viola la Constitución. Sin embargo, 33 estados ya la han prohibido totalmente.
Con la nueva legislación, Florida se coloca en un punto intermedio: ni elimina el castigo corporal ni lo normaliza sin límites, sino que lo regula con un esquema de consentimiento parental. Una decisión que, lejos de zanjar el debate, promete encenderlo aún más en los próximos meses.
