La jueza Novena de Distrito en el Estado de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva que impide la incorporación de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional.
La suspensión fue en favor de la organización Uniendo Caminos México. Antes, la misma jueza dio a esa organización y a Tojil EeK, AC&AC A Asociados y Unión Cívica un País la primera suspensión provisional en contra del decreto publicado el pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación tras su aprobación en el Congreso.
Hasta el momento suman 53 amparos colectivos en contra de la disposición por considerar que es inconstitucional.
Como consta en la versión pública del expediente 1161/2022, la jueza otorgó la suspensión definitiva por considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados deben limitar el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública y control de la delincuencia.
Karla María Macías Lovera falló que el entrenamiento que reciben los efectivos de la Guardia Nacional no está encaminado a la protección de civiles, sino a derrotar a un objetivo legítimo, lo que está en controversia con las labores de seguridad pública.
Entre las medidas que establece el expediente están no transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, señalando que el organismo debe continuar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como dice el artículo 21 de la Constitución.
Además, ordena a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional suspender la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales a que se refiere el artículo Sexto transitorio, fracción II, del decreto impugnado.
El pasado 19 de octubre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito de Guanajuato revocó la suspensión provisional que ordenaba frenar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.
Aristegui
