Como ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México difundió un documento para explicar las acciones de inteligencia que ha empleado orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional, y también se refirió a la divulgación de documentos militares en el llamado Guacamaya Leaks.
Sobre el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), advirtió que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la dependencia y al correo institucional.
De acuerdo con el gobierno federal, la inteligencia en materia de seguridad nacional se enfoca en obtener conocimiento detallado sobre amenazas y riesgos a la seguridad, incluyendo su probabilidad y relación causal.
Señaló que este proceso se lleva a cabo a través de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información en productos de inteligencia para la toma de decisiones.
«Uno de los principales rasgos de la inteligencia es la confidencialidad, lo que permite evitar que sea neutralizada la capacidad del Estado para poner en marcha medidas en la materia. Por esta razón, tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Seguridad Nacional, contemplan mecanismos para reservar información que pueda comprometer la seguridad nacional hasta por un periodo de cinco años», apuntó.
Las instancias de Seguridad Nacional, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, trabajan en conjunto con otras dependencias para compartir información con otras autoridades en materia de seguridad pública, refirió en un comunicado.
Resaltó que estas actividades de inteligencia no tienen como objetivo conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos, sino coadyuvar a la procuración de justicia.
«Sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas», abundó.
Mencionó que las denuncias anónimas juegan un papel importante en el combate al narcotráfico, coadyuvando en la detención de líderes e integrantes de las organizaciones criminales y en la desarticulación de sus estructuras.
El Gobierno de México destacó que, en cuanto a la intercepción de comunicaciones privadas, las instancias de seguridad nacional están legalmente impedidas de realizar esta actividad sin la orden de un juez.
El gobierno federal significó que todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada.
«Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente», subrayó.
«Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional».
Por tal razón, manifestó el gobierno federal, dichas publicaciones carecen de validez legal.
Planteó que las actividades de inteligencia se refieren al análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas, es decir, redes sociales, medios de comunicación, revistas o periódicos.
Así como la obtenida en actividades de campo, reuniones con otras dependencias, organizaciones sociales, políticas y mediáticas del país, misma que se compara con bases de datos que poseen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia del país, agregó.
Además, argumentó que el artículo 16 constitucional señala que las comunicaciones privadas son inviolables y que al respecto sólo el juez puede valorar el alcance y autorizar su intercepción, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito.
Por ello, las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez.
La Constitución, explicó, refiere que es facultad exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, debiendo fundar y motivar fehacientemente las causas.
Destacó que en la actual administración la autoridad judicial ha detenido a mil 393 personas; de ellas, 27 son relevantes por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, entre ellos Ovidio “N”, José Guadalupe “N”, Gerardo “N”, José Antonio “N” y José Alfredo “N”.
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