Después de 7 años de haber sido desplazados por integrantes del crimen organizado encabezados por la banda de “el Chueco”, los días 12 y 19 de agosto se obtuvieron dos sentencias a favor de personas desplazadas de comunidades de El Manzano y Monterde de los municipios de Uruachi y Guazapares ubicados en la Sierra Tarahumara, en donde se les ampara por la falta de protección, misma que debieron brindarles las autoridades en el territorio en el que vivían y no lo hicieron.
Los juzgadores ordenan al gobierno federal y estatal reparar el daño causado con motivo del desplazamiento forzado interno que sufrieron a raíz de la violencia.
Los dos amparos tuvieron una duración de poco más de un año en resolverse, las autoridades responsablesson la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado CEAVE.
En estos amparos se solicitaba a los jueces; 1. Pacificación de la región serrana en la que vivían, 2. Acceso a la justicia a través de las carpetas de investigación iniciadas en el momento del desplazamiento, 3. Ayuda humanitaria, 4. Asegurar los bienes que dejaron en su comunidad, 5. El reasentamiento definitivo, para lo que es necesario contar con vivienda propia y empleos que les permitan vivir con dignidad y 6. La emisión de una legislación completa y pertinente que proteja a las personas desplazadas por la violencia.
En este sentido, los juzgadores resolvieron Que el Fiscal General del Estado y Fiscalía General de la República informen, el estado y avance de las carpetas de investigación.
Que realicen las acciones necesarias para que puedan regresar con seguridad a los lugares donde vivían, así como que cesen de criminalizarles y discriminarles.
En relación a la ayuda humanitaria, les ordena que continúen brindándola hasta lograr las soluciones duraderas, lo que incluye:
1. Garantizar la educación sin costo, brindar uniformes y útiles escolares, así como un programa de regularización para los niños y jóvenes y acompañamiento para su inserción escolar.
2. Inscribir a los quejosos de manera gratuita a los servicios de salud pública.
3. Mantener los apoyos de alimentación y alojamiento en condiciones de seguridad y vivienda digna, agua potable, vestido adecuado y las condiciones de seguridad necesarias para proteger a las familias de ataques o actos de violencia generadas por la persecución de grupos delictivos.
4. Capacitar a las personas adultas.
5. Concluir las gestiones de donación de terrenos y la construcción de sus hogares.
6. Facilitar la expedición de documentos oficiales necesarios.
7. Adoptar las medidas necesarias, para detener la apropiación, destrucción, ocupación, usurpación o uso arbitrario e ilegal de su patrimonio en la comunidad de origen.
8. Gestionen la recuperación de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron y,
9. finalmente indemnizarlos de acuerdo a los parámetros internacionales. Después de 7 años de sufrir el desplazamiento, las familias esperan que el gobierno federal y del estado acepten la sentencia y realicen el cumplimiento de la misma.
Los casos de las comunidades de El Manzano y Monterde, no son casos aislados. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) tan solo en 2021 se registraron 44 mil 905 personas desplazadas en territorio mexicano.
Las sentencias de estos dos amparos muestran el interés del poder judicial para que las autoridades atiendan este problema y avancen en la aplicación de política pública para la atención inmediata a las personas que siguen desplazándose, no solo en el estado, sino en el país.
Urgimos la promulgación de la Ley General en Material de Desplazamiento Forzado Interno que se encuentra ante el Senado de la República desde hace casi dos años y continua en espera de una resolución.
