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En vilo justicia mexicana con cambios
Andrés Manuel no pudo disimular su alegría al firmar ayer el decreto para la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. Todo salió tal como lo planeó a pedir de boca. Sus colaboradores y alfiles hicieron todo lo necesario, entregándole el anhelado regalito antes de su partida a Palenque, Chiapas.
Con entusiasmo el presidente dio su último grito de independencia y contrario a lo que muchos esperaban no lanzó el: «viva a la reforma judicial». Lo más que se aproximó fue el viva a la justicia.
Este 15 de septiembre, previo a la ceremonia solemne del grito de Independencia allá en la capital azteca en un acto cargado de simbolismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.
Y para no variar fue acompañado por Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, estuvo ahí con él como testigo de honor; AMLO firmó el documento y fue un paso significativo en la reconfiguración del Poder Judicial en México obradorista, lo cual pasará a la historia.
Vale destacar que la reforma judicial, aprobada por el Congreso y la mayoría de las legislaturas locales, introduce cambios profundos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Millones de mexicanos creen que lo llevarán a la destrucción.
Entre las medidas más destacadas se incluyen la elección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros, un proceso que comenzará formalmente en enero de 2025. A pesar de las celebraciones, esta reforma no ha estado exenta de controversias.
Un tribunal federal emitió una suspensión provisional que estará vigente hasta el 11 de octubre, lo cual plantea serias interrogantes sobre la viabilidad y la implementación de los cambios propuestos. Pese a esa suspensión el presidente firmó el decreto. Lo que deja claro que no habrá poder que pueda detener la reforma al poder judicial.
Uno de los puntos más debatidos es el impacto que esta reforma tendrá en la independencia judicial. La elección popular de los jueces puede parecer un avance democrático, pero también conlleva el riesgo de politizar otro pilar del Estado. La justicia debe mantenerse imparcial y ajena a las influencias políticas, y la introducción de elecciones podría socavar esta imparcialidad. Además, la reforma establece que las remuneraciones del Poder Judicial no podrán superar la del Presidente de la República, una medida que ha sido criticada por potencialmente desincentivar a los profesionales más cualificados de ocupar estos puestos clave.
Otro aspecto crucial es la planificación y organización del proceso electoral extraordinario, responsabilidad que recae en el Instituto Nacional Electoral (INE). El Consejo General del INE tendrá una semana para iniciar los preparativos, y el Senado tiene un plazo de 30 días para emitir la convocatoria e integrar los listados de candidatos, quienes serán propuestos por los tres Poderes de la Unión.
La elección será escalonada, con la mitad de los cargos renovándose en 2025 y el resto en la elección federal de 2027. Este enfoque gradual busca minimizar el impacto en el sistema judicial, pero también añade una capa de complejidad al proceso.
La reforma judicial firmada por el presidente López Obrador representa un intento audaz de modernizar y democratizar el sistema judicial mexicano. Sin embargo, las dudas sobre su implementación y sus posibles repercusiones en la independencia judicial y la calidad de la justicia siguen siendo motivo de preocupación.
A medida que el país avanza hacia estas elecciones históricas, será crucial vigilar de cerca cómo se desarrollan estos procesos y asegurar que se mantengan los principios fundamentales de imparcialidad y justicia.
