Por Eduardo Borunda
Las leyes se hicieron para respetarse, para garantizar el estado de justicia, para convivir como seres humanos en paz y para garantizar los derechos mínimos de una sociedad civilizada. La división de poderes se hizo para garantizar que no recayera todo el Estado en una persona, por eso las revoluciones que han sucedido a nivel mundial y a lo largo de la historia son para rescatar esos derechos. Parece que estamos condenados a repetir las mismas historias de siempre.
Recuerdo que, en la clase de una mañana, en una preparatoria que se ubica al lado del Río Bravo, en Ciudad Juárez, un maestro “chistín” quería consagrarse entre el alumnado con la finalidad de acercarse a una de las compañeras (eran los años de la década de 1980) con, seguramente malas intenciones, exclamó una frase que hablaba precisamente del tema, las “Normas” se hicieron para violarlas… esa frase pronunciada hoy, hubiera sido más que suficiente para su despido inmediato.
Así, la “norma” jurídica es violada sistemáticamente en el país. Los gobernantes piensan que tienen todo el poder, viven en un imaginario increíblemente desolador para ellos y para quienes les rodean.
Creen ser dioses, se sienten los mesías del nuevo orden mundial, han descubierto el hilo negro de la comunicación política, han socavado los principios básicos del derecho: nadie ni nada por encima de la ley.
El tema viene a relucir por el último de los ataques a la libertad de expresión cometidos por el titular del poder ejecutivo. El acoso a los medios de comunicación no puede ser tolerado, es una garantía constitucional en México y suscrita en los convenios internacionales en los que México participa activamente. No sólo el poder institucional abre fuego en contra de la libertad de expresión, también los particulares lo hacen.
Sin embargo, hay una diferencia, los poderes constituidos al atentar en contra de los derechos humanos tienen más responsabilidad y tienen más pena en el delito pues usan todo el poder del Estado para lograr su cometido. Es entonces, a manera de conclusión que la difusión de datos personales de los profesionales de la comunicación con el fin de hostigar o convertirlo en acoso es un asunto de Estado.
