La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en donde le pide que repare el daño causado a los familiares de los cinco jóvenes que fueron asesinados por militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En la ‘Recomendación por Violaciones Graves 95VG/2023′, dirigida al titular de Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval González, por lo ocurrido en febrero de 2023 donde se efectuó una agresión con armas de fuego por parte de militares que privaron de la vida a cinco civiles, la CNDH considera víctimas indirectas a los integrantes de los núcleos familiares de los jóvenes fallecidos.
De acuerdo con el monitoreo realizado por la CNDH, los elementos militares activaron armas de fuego en contra de un vehículo particular, en donde cinco personas perdieron la vida, una resultó lesionado de gravedad -quien se encontraba en estado de coma en el Hospital-, y otra físicamente ilesa.
La CNDH cuenta con evidencias de que los elementos de Sedena accionaron sus armas de fuego de manera arbitraria en contra los jóvenes, por lo que se determinó un uso ilegítimo de la fuerza y uso ilegítimo de las armas que vulneró el derecho humano a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la vida, a la integridad y seguridad personal de las víctimas.
Aseguró la dependencia que, aunque en el expediente se observó́ la presencia de Plomo y Bario en las muestras recabadas de las manos de las víctimas, afirma que no se encontraron armas dentro del vehículo particular donde viajaban el día de los hechos; los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles y ningún elemento presentó lesiones arma de fuego.
Estas violaciones graves a los derechos humanos, exigen el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño; por lo que se establece que para garantizar a las víctimas la reparación integral, se deben cumplir los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos, así como identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
Sedena debe colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de las cinco personas asesinadas y las dos lesionadas, así como los integrantes de sus núcleos familiares, dándoles la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran hasta que alcancen su sanación, física, psíquica y emocional, su condición de salud física y mental, y sus especificidades de género.
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