La aprobación del llamado ‘Plan B’ de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López no solo ha prendido alertas en México, pues incluso funcionarios de la embajada de Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden están al pendiente de los posibles riesgos a la democracia que esta reforma electoral podría traer para el país, así lo reveló The New York Times.
Según información del diario estadounidense, publicada este jueves, tres funcionarios no autorizados para hablar públicamente, declararon que ‘la embajada de EU en México ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país’.
Pero a pesar de que se han enviado dichos informes, los funcionarios de EU aseguran que ‘el gobierno estadounidense considera poco ventajoso provocar a López Obrador y confía en que las instituciones mexicanas sean capaces de defenderse’.
‘Si bien algunos legisladores han expresado su preocupación por los cambios en materia electoral, el gobierno de Biden ha dicho poco sobre el tema en público’, se lee en el artículo. El NYT reportó además que el escepticismo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre resultados de las elecciones presidenciales de 2006, en las que acusa hubo un fraude electoral luego de que perdió ante Felipe Calderón Hinojosa, ha sido retomado también por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien declaró al diario estadounidense que él también dudaba de la legitimidad de los resultados, aunque posteriormente aclaró que el gobierno reconocía el resultado de aquella contienda.
La información del NYT es publicada luego de que este miércoles, los senadores de la República aprobaron con el voto de Morena y sus aliados, el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, donde ya quedó eliminada la llamada cláusula de vida eterna.
Por lo que, aunque el gobierno de López Obrador celebra la aprobación de esta reforma electoral que se perfila traerá importantes modificaciones a la tarea fiscalizadora del INE, grupos opositores a esta reforma electoral se alistan para marchar el próximo 26 de febrero en defensa del INE.
En tanto que legisladores de la oposición han anunciado también que arrancarán con el denominado ‘Plan C’, es decir, con una estrategia jurídica con la que buscarán detener la reestructura del INE, el recorte a su gasto y eliminación de su autonomía presupuestal, el despido del 84.6% del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN); la fusión de áreas y la remoción anticipada del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, entre otros cambios.
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