El titular de la agencia migratoria de México y uno de sus directores generales regresan el martes a los tribunales por la muerte de 40 migrantes en un centro de detención del norte del país por el que ya están bajo proceso seis funcionarios del Instituto Nacional de Migración, entre ellos un alto funcionario que es un marino retirado.
Después de la presentación de numerosas irregularidades en audiencias previas los jueces decidirán si hay pruebas suficientes para seguir escalando en la cadena de mando.
La fiscalía acusa al máximo responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, de incumplir su obligación de proteger a los migrantes bajo su custodia y ha encontrado en la agencia faltas que “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado” durante años. El martes presentará los cargos formales en su contra y las pruebas para avalarlos.
Horas después otro juez deberá decidir si procesa o no por ejercicio ilícito del servicio público al otro directivo involucrado, Antonio Molina, encargado de los procesos de verificación migratoria.
Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidos.
Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego una colchoneta en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio donde 68 hombres estaban encerrados sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad.
Ni Garduño ni Molina ha dejado su cargo tras el suceso y el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su respaldo al jefe del INM pee a que han aumentado las críticas en su contra.
La entrada de la agencia en la Ciudad de México apareció empapelada el lunes con carteles que decían “Se busca su renuncia” y “La política migratoria de México mata”, mientras un grupo de migrantes avanzaba por el sur mexicano pidiendo justicia y los países de origen de las víctimas insistían en su exigencia de llegar hasta los últimos responsables del suceso.
El funcionario de más alto rango procesado hasta ahora ha sido el militar retirado que era jefe del INM en el estado de Chihuahua, el contralmirante Salvador González. Está acusado de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente inició el fuego.
El juez consideró que González era el responsable de las instalaciones siniestradas, que no vigiló que se cumplieran las normas contra incendios ni que los migrantes tuvieran condiciones de estancia dignas.
También dijo que el militar avaló que los extranjeros estuvieran encerrados con candado como si el centro fuera una “prisión preventiva” y recordó que la Corte Suprema consideró inconstitucional detener a los migrantes por más de 36 horas, un periodo que se había superado en muchos casos.
La víspera, sin embargo, el alto tribunal avaló que la Guardia Nacional tuviera funciones migratorias pese a las críticas de la creciente militarización de la política migratoria.
En audiencias previas contra otros funcionarios se presentaron evidencias de otras irregularidades como no tener registrados a parte de los detenidos o que se fumaba en el dormitorio del incendio.
La defensa de Garduño intentará demostrar que no son los directivos quienes fallaron el día del incendio. «El actuar de ambos y de todo el Instituto fue el adecuado”, indicó a AP uno de sus abogados, Rodolfo Pérez, quien trasladó toda la responsabilidad a la empresa privada que estaba a cargo de la seguridad de las instalaciones.
La compañía había sido contratada por el INM y, según la investigación, incurrió en numerosas irregularidades generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
Dos de los vigilantes presentes en las instalaciones el día del incendio están libres. La fiscalía sólo informó de una orden de captura pendiente.
Según videos de cámaras de seguridad que pudo revisar AP, miembros de esa compañía se encargaron de abrir y cerrar la celda donde tuvo lugar el incendio horas antes del fuego. Luego se perdió la pista a las llaves. Las mujeres sí fueron liberadas y puestas a salvo.
La defensa de los directivos, que trabaja tanto para Garduño como para Molina, también asegura que la fiscalía no ha hecho una investigación seria del tema y que “trató de manipular” a testigos para poder enjuiciar a algunos de los agentes migratorios de menor rango, con lo que su acusación se acabará cayendo, indicó Pérez.
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