- El Juglar de la Red
- Por Rafael Cano Franco
El debate en torno a la constitucionalidad del plan B electoral del presidente López Obrador está en plena ebullición, ya se sabe que al no poder lograr que pasara su reforma constitucional, el plan B fue un Frankenstein que se armó con ideas y ocurrencias, algunas de ellas violatorias de la propia Constitución.
Mientras que el presidente López Obrador acusa de todo a los consejeros del INE y los tacha de ser unos “vividores” a costillas del erario público, desde el otro frente le responden que su plan B no debe pasar y convocan a la sociedad civil organizada a defender la institución.
Dentro del INE, ya ni los consejeros que son hechura de la Cuarta Trasformación, están convencidos de que la intención presidencial es la correcta y como prueba es que se han rebelado sumándose al bando de Lorenzo Córdova.
A través de su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el presidente ordenó a sus legisladores que se le “pegara una arrastrada al INE”, eso significa ahorcarlo financieramente.
Y es que desde la tribuna presidencial lo que se ha puesto a debate es el costo del Instituto; el decir de la parte oficial es que los 14 mil millones de pesos de presupuesto que se le asignan es mucho dinero del erario y se ha sembrado la idea de que ese dinero se despilfarra.
Al Presidente López Obrador se le olvida que muchos de esos “despilfarros” de los que ahora se quejan son producto de su berrinche cuando perdió la elección el 2006, es decir los candados que ahora tienen los procesos electorales fueron impulsados desde la fuerza opositora que llegó a tener el propio López Obrador.
Al Presidente también parece olvidarse que el INE, en realidad resulta más barato que sus obras emblemáticas. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costó nueve veces más que el INE; el Tren Maya, al momento es 15 veces más caro, la refinería de “Dos Bocas” es casi 30 veces más cara.
Pero eso es algo que el presidente López Obrador obvia en su discurso, lo evita a conveniencia y se centra solamente en establecer que al interior del Instituto existe una casta dorada que medra presupuestalmente y que se han adueñado de los procesos electorales.
Cierto es que se deben eliminar privilegios a los Consejeros, también es verdad que hay muchos aspectos por mejorar en nuestra democracia; pero cualquier proyecto de mejora se debe hacer bajo un consenso y con la aprobación generalizada de la sociedad, no con base en ideas preconcebidas ni ocurrencias del momento, pero sobre todo, menos con la intención de controlar procesos electorales para favorecer un proyecto político personal.
Ahora, si vamos a hablar del costo del INE, también hablemos de su valor.
¿Cuánto vale que podamos tener elecciones confiables? ¿Cuánto vale que nuestro voto cuente y que para ejercerlo solamente debamos acudir a una casilla electoral en los momentos marcado para ello y con nuestra credencial de elector? ¿Qué valoración se le da a estar en una lista nominal o padrón electoral confiable y que garantiza la unicidad del voto?
¿Cuál es el valor de poder decidir libremente que gobierno o gobernante es el que más nos conviene? ¿Qué valor le damos a la democracia y a la participación ciudadana para decidir el rumbo político, económico y social de México?
Una democracia es costosa, pero es todavía más caro perder la libertad de elegir, es muy oneroso no tener confianza en la organización de las elecciones; es deprimente, socialmente hablando, que el gobierno –sea cual sea su color o ideología—no respete la decisión ciudadana, altere los resultados y además violente las reglas electorales a conveniencia y con interpretaciones a modo.
La realidad es que el INE vale mucho más de lo que cuesta y los resultados demuestran que desde el momento en que los procesos electorales fueron dejados en manos de los ciudadanos y los gobiernos fueron echados de su organización, se lograron transiciones políticas pacíficas y el voto del ciudadano contó y se respetó.
Para que el lema maderista de “Sufragio Efectivo y No reelección” siga teniendo algún valor, es menester defender al INE, intentar sus mejores y permitir que siga ganándose la confianza de los ciudadanos.
